Benidorm deja de cobrar las multas de más de 1.500 obras ilegales al caducar el expediente

El Ayuntamiento de Benidorm acumula más de 1.500 expedientes caducados de construcciones ilegales, en concreto retranqueos realizados sin permiso municipal. El concejal de Urbanismo y sus técnicos admiten que es una práctica habitual tolerada durante décadas, desde el boom turístico de los años setenta, y buscan soluciones para que las arcas públicas no se resientan. Mientras, el PSPV ha criticado la "incapacidad" del gobierno municipal para garantizar la legalidad urbanística y exige al PP que aclare cuánto dinero se ha dejado de ingresar por este motivo.

Son más de 1.500 construcciones ilegales repartidas por toda la población, cuyos expedientes han caducado. El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm cifra en esta cantidad los retranqueos sin permiso construidos en el término municipal, aunque no es capaz de detallar la situación de los expedientes y la cantidad de infractores que han pagado la multa. Los cerramientos de espacios de dominio público para uso privado en terrazas, por parte de comercios, bares y restaurantes, representan uno de los principales problemas con los que cuenta esta ciudad de La Marina Baixa, y se ve agravado por la incapacidad del Consistorio para impedir que prescriba el plazo para recobrar ese espacio público.

El departamento de Urbanismo tiene identificadas más de 1.500 construcciones ilegales, de las cuales un alto porcentaje han sido ya sancionadas, aunque el plazo establecido para ejecutar la orden de demolición, cuatro años, en la mayoría de ocasiones ha prescrito, según reconocen en el propio Ayuntamiento. Las infracciones urbanísticas no tienen límite en esta ciudad turística y los técnicos del departamento de Urbanismo reconocen las dificultades para realizar un seguimiento de los expedientes. "No hay edificio sin un balcón cerrado de forma ilegal o unos bajos que se han aprovechado del espacio público. Es una práctica habitual de la que nadie queda exento en la población", explicó un técnico municipal. El problema no es nuevo. Nació con el boom urbanístico de los años setenta y ninguna corporación municipal lo ha podido solucionar desde entonces, ya que el comercio constituye, junto al sector hotelero, uno de los grupos de presión más poderosos de la localidad.

El PSPV, la principal fuerza de la oposición, ha pedido en varias ocasiones un informe que detalle la cantidad ingresada por las arcas municipales por estas sanciones, sin haber obtenido, de momento, ninguna respuesta.

Críticas socialistas

El concejal socialista Luis Ángel García ha solicitado al gobierno municipal, del Partido Popular, un informe de la cantidad económica ingresada en las arcas públicas respecto a los expedientes sancionadores como consecuencia de las infracciones urbanísticas cometidas en los años 2003, 2004 y 2005, así como durante el transcurso del presente año. El edil también ha reclamado una relación de los expedientes sancionadores, especificándose todos los que han prescrito. "La irrisoria autoridad que en materia de disciplina urbanística tiene el Ayuntamiento de Benidorm ya se ha hecho proverbial. La incapacidad de los diferentes concejales del Partido Popular responsables de esta área ha sido notoria", afirmó el concejal.

García recordó además que muchos infractores "han tomado a chacota al Ayuntamiento", solicitando licencias de obra que "posteriormente se ha demostrado que no se correspondían con los trabajos que se estaban realizando", lo que representa, según el edil socialista, "una tomadura de pelo impresionante y un engaño flagrante que pone en duda la honestidad de las intenciones del solicitante". Finalmente, el concejal del PSPV se pregunta cuánto dinero ha dejado de ingresar el Ayuntamiento por no hacer cumplir la normativa.

La ley permite que una construcción ilegal no se pueda derribar si transcurrido un plazo de cuatro años no se ha tomado ninguna medida al respecto. De esta forma, se producen en el municipio casos tan exagerados como que un local abone impuestos por valor de 50 metros cuadrados cuando realmente está haciendo uso de 150 metros con los cerramientos.

El concejal de Urbanismo, Manuel Agüera, es consciente de este problema, que atribuye a anteriores gobiernos municipales, y ha encargado el estudio de fórmulas que permitan legalizar los retranqueos. La solución pasa por la elaboración de planes similares a los PRIM con los que la Consejería de Territorio y Vivienda permite a los hoteleros de Benidorm compensar a la ciudad por los excesos de edificabilidad en sus establecimientos. Consistiría, en definitiva, en obligar a los propietarios a adquirir terreno y cederlo al municipio, a cuenta del dominio público del que se han apropiado. Pero los hoteles de cuatro y cinco estrellas todavía no han satisfecho la compensación, seis años después de que se aprobara la norma.