La formación fracasa en su intento de legalizarse por la vía de hecho

Tras el alto el fuego de ETA del pasado 22 de marzo, Batasuna apostó por actuar legalmente por la vía de hecho, pero los jueces de la Audiencia Nacional se lo impidieron. Dos meses antes del alto el fuego, en enero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska suspendió por dos años más a Batasuna. Esa actuación judicial se sumaba a la suspensión de su actividad que el juez Baltasar Garzón ordenó por la vía penal en un auto de agosto de 2002 al considerar que Batasuna era una parte del entramado de ETA. Y se unía a la ilegalización que decidió el Tribunal Supremo en mayo de 2003, de acuerdo con la recién aprobada Ley de Partidos Políticos, pactada por el PP y el PSOE, que prohíbe la actividad de las formaciones que no condenan la violencia.

Con toda esta carga encima, Batasuna no ha logrado en los cinco meses de alto el fuego normalizar su vida política, y las actividades de sus líderes -incluidas conferencias políticas- han estado sometidas a todo tipo de trabas judiciales. Su pretensión de actuar por la vía de los hechos ha fracasado, de modo que su legalización, clave para la normalización política en Euskadi, ha pasado al primer plano en el proceso del fin de la violencia, por encima de las medidas penitenciarias. Los socialistas han tratado de convencerles de que se legalicen cumpliendo la Ley de Partidos, con la presentación de nueva marca y estatutos, hasta ahora sin éxito. El tema se abordará próximamente por los cauces establecidos.