El Gobierno condiciona el avance del proceso a que Batasuna cumpla la ley

La legalización de Batasuna se ha convertido en el nudo gordiano del proceso de fin de la violencia. El Gobierno considera que debe desatarse ese nudo para que el proceso avance en otros campos, como el penitenciario. "Si la izquierda abertzale se legaliza, con lo que supone de aceptación exclusiva de las vías democráticas para lograr sus objetivos, el proceso se impulsará", según fuentes gubernamentales. Ello requiere de Batasuna que acate la Ley de Partidos, con la presentación de nuevos estatutos y marca, pero sus dirigentes temen que acatar dicha ley no termine con sus problemas judiciales.

La tensión política que mantiene Batasuna en las últimas semanas, rubricada con el comunicado de ETA del viernes, no tiene como objetivo desestabilizar el proceso de alto el fuego, pero tampoco es un asunto sin importancia, señalan fuentes de su entorno. Sobre el ataque contra un microbús el sábado en San Sebastián, la cúpula de Batasuna no se ha pronunciado oficialmente. Pero desde la izquierda abertzale se considera un hecho aislado y se descarta que ETA haya ordenado el rebrote de la kale borroka.

La cuestión de fondo es que, ante la expectativa del inicio de las conversaciones formales entre el Gobierno y ETA, Batasuna ha exigido su legalización y el Ejecutivo ha advertido que, para ser legal, debe cumplir la Ley de Partidos. La cúpula abertzale había aceptado inicialmente esta posibilidad -ya que Batasuna ha cambiado varias veces de nombre y estatutos a lo largo de su historia- pero, ante la resistencia de sus bases, se ha echado atrás. En conversaciones privadas, los líderes de Batasuna alegan que acatar la Ley de Partidos no garantiza su legalización, ya que está abierta otra vía, la penal, por la que se suspendió su actividad como partido en agosto de 2002, a través de un auto del juez Baltasar Garzón, meses antes de ser ilegalizado por el Supremo en mayo de 2003. Batasuna teme que la continuidad de sus líderes con la nueva marca puede suscitar nuevos problemas.

El Gobierno insiste en que el cumplimiento de la Ley de Partidos es la única vía posible de legalización para la izquierda abertzale pues Batasuna, como tal, no existe por decisión del Supremo.

Aceptación social

El Ejecutivo cree también que una nueva marca y nuevos estatutos -unido al rechazo del uso de la violencia como medio para lograr fines políticos- permitirá a la izquierda abertzale ejercer su actividad política con normalidad, aunque está dispuesto a estudiar las objeciones legales que Batasuna presenta. Estas cuestiones se abordarán a través de los cauces establecidos por el Gobierno. El Ejecutivo considera que el proceso sólo puede avanzar una vez que la izquierda abertzale sea legal. "La legalización de la izquierda abertzale es fundamental para que participe en el proceso político del País Vasco, pero es también la llave del proceso", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno ha preparado en los cinco meses de alto el fuego de ETA varios planes en política penitenciaria sobre los presos de la banda. "Pero para adoptar medidas penitenciarias, como el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, o decisiones más de fondo, como libertades provisionales o excarcelaciones de miembros de ETA, el Gobierno necesita una aceptación social y para ello el proceso de fin de la violencia debe tener un carácter irreversible", señalan las mismas fuentes. Éstas aclaran que "en este proceso de fin de la violencia, las medidas penitenciarias en favor de los presos de ETA no se adoptarán improvisadamente, como hizo el Gobierno de José María Aznar en la tregua de 1998. Para ejecutar los planes previstos por el Ejecutivo, se requiere previamente un avance del proceso", conluyen.