La oposición pide la dimisión de Alperi tras ser acusado por el fiscal de favorecer a Ortiz

Los dos primeros partidos de la oposición, PSPV-PSOE y EU, exigieron ayer la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el primer edil y dos concejales más de su equipo por supuesto trato de favor en la adjudicación de tres aparcamientos al empresario local Enrique Ortiz. Los dirigentes socialistas y los de la coalición de izquierdas acusaron, además, al máximo líder del PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "de complicidad" con la corrupción si Alperi repite como candidato a la alcaldía.

La petición de dimisión de Alperi cursada desde las filas socialistas surgió de la ejecutiva federal. Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal, aseguró que en Alicante "llueve sobre mojado, porque la gestión del Urbanismo por parte del actual alcalde y el trato de favor en determinadas operaciones". "Algo huele muy mal y a podrido en el urbanismo de Alicante", añadió el dirigente socialista. Cuesta instó al PP a aplicar su código ético interno, "lo que implicaría forzar la dimisión del alcalde e impedir que vuelva a ser candidato", subrayó. Álvaro Cuesta advirtió al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, de que se convertirá en "cómplice" si no se desmarca de los cargos públicos inmersos en investigaciones judiciales por supuesta corrupción.

Mientras, desde la ejecutiva nacional del PSPV la nueva imputación de Alperi [la tercera desde que accedió a la alcaldía en 1995] pone de manifiesto la relación del Gobierno de Camps con los supuestos casos de corrupción. "Camps protege a los presuntos corruptos desde que está al frente del Consell y del PP, a parte de proliferar los casos de corrupción", aseguró Manuel Mata, portavoz de la ejecutiva nacional del PSPV. Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel de Barros, y el secretario general de la ejecutiva local, Roque Moreno, exigieron tanto al alcalde como a los dos ediles que "asuman sus responsabilidades y expliquen de primera mano a los ciudadanos cuál ha sido su actuación".

Entretanto, el portavoz adjunto de EU-L'Entesa en Las Cortes Valencianas, Joan Antoni Oltra, exigió la dimisión del de Alicante al considerar que su gestión está "bajo grave sospecha". Oltra resaltó que "no es la primera vez que Alperi va a ser citado a declarar como imputado y ha llegado el momento de que el PP aplique su código ético y obligue a este personaje a dimitir". El diputado alertó sobre el hecho de que "los tres grandes pilares de Francisco Camps en la provincia de Alicante, Díaz Alperi y los alcaldes de Torrevieja y Orihuela, Pedro Hernández Mateo y José Manuel Medina, están bajo sospecha y, por lo tanto, el presidente de la Generalitat corre el riesgo de ser arrastrado si la justicia determina que han existido delitos".

El resto de formaciones políticas extraparlamentarias, entre ellas el Bloc, también exigieron al primer edil de Alicante que asuma sus responsabilidades. El secretario general del Bloc, Enric Morera, afirmó que la dirección autonómica del PP "no puede callar, ni mirar hacia otro lado, como hizo en el caso Orihuela".

Morera resaltó que el código ético que el PP exige al resto de fuerzas políticas debería empezar por aplicarlo "dentro de casa", y recomendó a la dirección autonómica que realice una investigación dentro de sus filas y depure responsabilidades. De lo contrario, "a los casos Fabra, Medina y ahora Alperi se irán sumando un buen puñado de casos, que pondrán de manifiesto aquello que ya habíamos denunciado, que el PP ha marbellizado la política valenciana", apuntó.

Los dirigentes populares, tanto en el ámbito regional como local, optaron por el silencio ante la nueva acusación de la Fiscalía contra sus cargos públicos. La única excepción fue la de la portavoz regional, Sagrario Sánchez, que expresó "su sorpresa por la diligencia de la Fiscalía a la hora de investigar asuntos relacionados con el PP frente a la laxitud que parece existir cuando se trata de casos relacionados con el PSPV". "Se pisa el acelerador en ciertos temas relacionados con el PP y el freno en aquellos en los que el PSPV ocupa menos titulares", añadió.

El dirigente de Vecinos por Alicante (VA), José Luis Valdés, colectivo que denunció los hechos a la Fiscalía Anticorrupción el pasado febrero, ha anunciado su intención de ejercer la acusación popular en el sumario que abra el juez y alabó la decisión del ministerio público. "Ya era hora de que el fiscal cogiese el toro por los cuernos", dijo. Valdés, ex dirigente del movimiento vecinal de Alicante, también fue quien llevó al juzgado el supuesto desfalco descubierto en Mercalicante. La juez instructora, a instancias del fiscal anticorrupción, imputó más adelante al alcalde, y otros dos ediles del PP.

La entidad cívica Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que surgió en oposición a la adjudicación a Enrique Ortiz del plan Rabassa, también aplaudió la decisión del fiscal y anunció que el colectivo llevará a Anticorrupción la aprobación del programa urbanístico.