El lastre judicial del campismo

El lastre judicial de destacados cargos públicos del PP, alineados en el bando del presidente del Consell y líder de los conservadores valencianos, Francisco Camps,

por su implicación en supuestos casos de corrupción engorda, sobre todo en Alicante, a medida que se avecina la cita electoral de la primavera de 2007. Sus oponentes en el seno interno de la formación, los seguidores de ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, continúan al acecho y prestos a sacar tajada, en forma de mayor presencia en las candidaturas, al socaire de las sombras que proyecta el laberinto jurídico del campismo.

La última iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante -la denuncia al alcalde y dos ediles de la capital por supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz- ha dado de lleno en la línea de flotación de los máximos exponentes del campismo en la capital, el alcalde, el incombustible Luis Díaz Alperi (tres mayorías absolutas, pese a otras tantas imputaciones) y su lugarteniente, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Ni el uno ni la otra han reaccionado a la denuncia de la Fiscalía. El gabinete de prensa del Ayuntamiento de Alicante informó ayer de que no habrá comentarios, "hasta conocer la denuncia del fiscal".

Tampoco el valedor del zaplanismo en Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se pronunció ayer sobre la nueva acusación que recae sobre los dos pesos pesados del campismo en la capital alicantina. Ripoll, animado por el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de "un cambio generacional" en el grupo popular del Ayuntamiento. El propio De España se ha postulado como alternativa a Alperi.

El silencio de Ripoll sobre la denuncia de la Fiscalía contrasta con la rapidez con que ha pedido explicaciones a otros dos cargos populares incriminados por Anticorrupción, los alcaldes de Torrevieja y Orihuela, Pedro Ángel Hernández Mateo y José Manuel Medina, respectivamente. A este último llegó a expulsarlo del comité ejecutivo provincial.

Y mientras tanto, Camps calla y salpica su silencio con apoyos públicos a sus hombres siempre que éstos se han visto cercados por los tribunales. No les ha pedido la dimisión, pero tampoco, salvo a Alperi, que opten a la reelección.