Entre la libertad y la expulsión

Los 50 inmigrantes que ayer fueron abandonados a su suerte en Barcelona se encuentran en situación ilegal y con una pertinente orden de expulsión. Sin embargo, difícilmente serán repatriados a sus países de origen. En algunos casos, el motivo es que carecen de la documentación necesaria para ser identificados.

Por ejemplo, en ocasiones se desconoce el país de origen del extranjero. Aunque la mayoría de los que llegaron el lunes a Barcelona procedían de Senegal, el Cuerpo Nacional de Policía tuvo dificultades para averiguarlo, tal como reconoció ayer un agente de policía que trabaja en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. La otra circunstancia que impide la expulsión es la inexistencia de convenios bilaterales con los países de origen, en este caso diversos Estados del África subsahariana.

La ley no permite retener a una persona durante más de 40 días. Transcurrido ese tiempo, y si no se ha tramitado el proceso de expulsión, estas personas quedan en libertad, si bien mantienen el expediente de deportación abierto. A partir de entonces comienza el recorrido de los inmigrantes, que permanecen en situación irregular mientras tratan de buscar trabajo o de orientar sus vidas de alguna forma.

El secretario de Inmigración de CC OO de Cataluña, Ghassan Saliba, consideró insuficiente esta atención al inmigrante: "Y después de 15 días, ¿adónde van?", se preguntó. Saliba reclamó ayer que la Administración dé todas las garantías para poder trabajar. "Llegan con un expediente de expulsión bajo el brazo. Si ya están aquí porque no se han podido deportar, tampoco se les echará más adelante. Lo que se tiene que hacer es permitirles que trabajen y aporten a la sociedad", afirmó. Para ello, antes es necesario, dijo Saliba, que se pongan en marcha programas de inserción laboral en el territorio para atender a estos colectivos.