La Generalitat exige al Gobierno central que no vuelva a enviar inmigrantes sin avisar

La Generalitat de Cataluña hizo saber ayer al Ministerio del Interior su disgusto y rechazo por el envío a Barcelona, el pasado lunes, "sin aviso ni garantía alguna de tutela", de 50 inmigrantes africanos procedentes de Canarias. El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, explicó que "comprende" la excepcionalidad de la emergencia que viven estas semanas las islas Canarias con la llegada de subsaharianos, pero que envíos de este tipo "no deben repetirse" porque crean "indefensión" para los inmigrantes y "alarma" en la sociedad.

Le contestó Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. Señaló desde Almería que la redistribución de los saturados centros de las islas a la Península se realiza "con total transparencia". Sin embargo, Interior negó ayer a este diario los datos de este año sobre traslados de inmigrantes argumentando que sólo los ofrece anualmente. Interior sólo confirma que el año pasado fueron enviados 4.200 extranjeros desde las islas a la Península. La mayoría, admite Interior sin concretar datos, llegan a Madrid, aunque cuando salen en libertad son distribuidos por toda España.

La red de primera acogida no ha funcionado porque las ONG no fueron informadas

Joaquim Nadal afirma que los traslados irregulares crean "indefensión" y "alarma social"

50 subsaharianos procedentes de Canarias han sido abandonados a su suerte en Barcelona

Hay un protocolo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y las comunidades autónomas para distribuir a los inmigrantes trasladados a la Península desde Canarias. Nadal explicó que a través de este procedimiento han llegado este año a Cataluña 758 inmigrantes, sin contar los 50 del lunes pero sí los 47 que llegaron el viernes.

Las entidades, maniatadas

La alarma ha saltado porque los 50 llegados el lunes a Barcelona lo hicieron sin aviso alguno. Nadal dio a entender que ni la Delegación del Gobierno estaba al tanto de su llegada, a pesar de que fueron remitidos al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, que depende de la propia delegación.

En el proceso habitual de distribución de los inmigrantes por toda España intervienen las organizaciones no gubernamentales que han suscrito convenios con el Gobierno con esta finalidad. Pero este no fue el caso de los llegados el lunes a Barcelona. Por ese motivo, las entidades Cruz Roja, Accem y la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado no pudieron atender a los inmigrantes, que fueron expulsados del centro y enviados a vagar sin rumbo por Barcelona.

Desde el viernes, Barcelona ha acogido cerca de un centenar de subsaharianos procedentes de Canarias. La mitad llegó el lunes en un vuelo "excepcional". De éstos, la mayoría son senegaleses, según revelaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Algunos se quedaron a dormir en el centro de internamiento, donde les dieron almuerzo, comida para llevarse -un bocadillo, una manzana y una botella de agua- y una lista de comedores sociales.

El responsable provisional del centro dijo que han tenido "dificultades" para entenderse, puesto que casi ninguno de los inmigrantes hablaba español, sino francés. "No sabían gran cosa. Supongo que por el contexto han intuido que estaban en Barcelona, pero poco más", señaló.

Derechos humanos

La secretaria de Inmigración de la Generalitat, Consol Prados, sostiene que la situación es intolerable: "Los derechos humanos se han de cumplir". Habitualmente, explica Prados, el Gobierno catalán es informado al mismo tiempo que se comunica a las ONG que se harán cargo de los inmigrantes, de modo que se siga el procedimiento para su inserción. En este caso, nadie ha sido informado: ni las organizaciones no gubernamentales ni el Gobierno. Además, los inmigrantes han sido dejados al albur, lo que también es irregular. No obstante, Prados insiste en que lo que hay que hacer es recuperar la normalidad: "Que no se repita".

Más comprensivo se mostró el alcalde de Barcelona, Joan Clos, que atribuyó la decisión del Gobierno a la "saturación" que sufren los centros de acogida de Canarias. "Es una acumulación que solidariamente todos tenemos que compartir".

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron el carácter excepcional del envío del lunes: "Es el primero y el último que se hará". Pero no todos opinan lo mismo. Un trabajador del CIE de Barcelona, que prefirió no revelar su nombre, indicó que este tipo de envíos sin previo aviso se han producido en anteriores ocasiones. Esta idea también la expresó el presidente de la asociación de senegaleses de Cataluña, Babacar Gueye. "Desde hace casi dos meses traen a inmigrantes desde Canarias y los dejan en la calle sin ningún tipo de ayuda".

Por su parte, el Partido Popular se sumó ayer a la polémica y dio a conocer los únicos datos oficiales disponibles, ante la negativa de Interior. Salen de una respuesta parlamentaria contestada con cuatro meses de retraso: el PP, por boca de Miguel Arias Cañete, responsable de Economía, asegura que la mayoría de los envíos se producen a comunidades gobernadas por este partido.

De acuerdo con esos datos oficiales, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2006 se realizaron 31 viajes, de los que 18 fueron a Madrid, 6 a Barcelona, 6 a Málaga y otro a Murcia. En 2005, la desproporción fue más evidente. De 109 vuelos, 73 fueron a Madrid, 7 a Málaga, 6 a Murcia, 5 a Valencia y 2 a Barcelona. Los demás fueron escalas. En 2004 no hubo ningún vuelo a Barcelona.