El puerto deportivo de Altea reanuda su ampliación sin haber trasplantado la posidonia amenazada

Las organizaciones WWF-Adena y Ecologistas en Acción del País Valenciano han puesto el grito en el cielo al comprobar que las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes, en Altea, se han reanudado sin cumplir las medidas impuestas por la declaración de impacto ambiental para preservar las 20 hectáreas de pradera de posidonia oceánica afectadas por los trabajos. La resolución exige trasplantar las algas para que no queden sepultadas y prohíbe llevar a cabo obras en primavera y en verano, cuando la posidonia está en fase de crecimiento.

Miembros de Ecologistas en Acción y Adena-WWF comprobaron ayer que los camiones volquete y las excavadoras han retomado los trabajos destinados a duplicar el número de amarres del puerto, de 520 a 1.062, y crear una zona comercial de 16.000 metros cuadrados. Las obras se mantenían paradas al fracasar las pruebas para trasplantar muestras de posidonia, uno de los requisitos que la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, impuso para ejecutar el proyecto.

Estas actividades, de acuerdo con los colectivos ecologistas, afectan "directamente" a la pradera de posidonia que envuelve la infraestructura portuaria, "considerada el ecosistema clímax del Mediterráneo por su alta producción de oxígeno y los beneficios que aporta tanto a la limpieza de las aguas como a las 400 especies vegetales y 1.000 animales que alberga, y por tanto, a la pesca".

Las dos asociaciones conservacionistas, que junto a Greenpeace ya interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del proyecto por parte de la Consejería de Infraestructuras, anunciaron ayer la inminente presentación de una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, exigiendo la paralización de las obras "hasta que se lleven a cabo las medidas correctoras". Entre estos condicionantes destaca el que obliga a la empresa Marina Greenwich, promotora del proyecto, a trasplantar unas 20 hectáreas de posidonia oceánica -la pradera mejor conservada de la Comunidad Valenciana, según las universidades de Alicante y de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, así como a proteger el molusco Pinna nobilis, más conocido por el nombre de nacra. Marina Greenwich ha obviado todos estos requisitos, según denunciaron los ecologistas, que en cualquier caso juzgan "imposible" cumplirlos. "Se tardaría en realizar alrededor de 2.000 años y su coste, cercano a los 100 millones de euros, haría inviable el proyecto", aseguraron basándose en informes de la Universidad de Alicante, que advierten de la dificultad de reimplantación y agarre de la posidonia.

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, incidió en que las obras incumplen además otra obligación incluida en la declaración ambiental. Se trata del punto número 9 del documento, que prohíbe llevar a cabo los trabajos en los meses de primavera y verano con el fin de minimizar el impacto sobre la posidonia, que en estos momentos está en fase de crecimiento, y sobre todo en temporada de baño. Por estos motivos, los ecologistas exigieron al Consell que paralice las obras y retire la concesión a la promotora, y pedirán a Costas que despoje a la Generalitat de las competencias en la zona de dominio público marítimo-terrestre afectada por la ampliación.