Detenido un funcionario por exigir dinero para una licencia

Un inspector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha sido detenido por pedir dinero a cambio de informar favorablemente sobre una licencia de obras para la ampliación de un local público. El funcionario, cuyas iniciales son A. S., fue detenido hace algo más de una semana en dependencias del Ayuntamiento de Madrid. El dueño del local grabó las conversaciones y alertó a la policía.

El dueño de un pub discoteca de Madrid informó a la policía de que un inspector le había pedido 3.000 euros por hacerle documentos falsos, que certificaran que había realizado reformas en su local y así obtener la preceptiva licencia de ampliación de aforo.

El dueño del local dispone de grabaciones que supuestamente demuestran cómo el inspector le pide dinero y le dice que, si le entrega una determinada cantidad, obtendrá el permiso sin necesidad de realizar las reformas que impone la normativa municipal.

Según fuentes cercanas a los afectados por este supuesto cohecho, todo comienza cuando el dueño del pub Ártica, de Madrid, solicita al Ayuntamiento, a fines de julio, permiso para ampliar el aforo de su establecimiento. Tras solicitar formalmente la licencia, ese mismo mes recibió una visita en su local de un inspector municipal de Medio Ambiente.

Según las pesquisas, lo primero que le dijo el inspector era que, para obtener esa licencia, era necesario acometer una importante y costosa reforma. Pero nada más decirle eso, le indicó, siempre según los citados medios, que podía evitar tener que hacer la reforma (con el consiguiente ahorro económico) si él emitía un informe haciendo constar falsamente que las obras se habían hecho. A cambio, debía darle dinero. La reclamación económica la hizo delante del aparejador del dueño del local.

El aparejador se había desplazado al establecimiento para ver qué obras había que desarrollar y dirigirlas. Lo que no se esperaban, ni él ni el dueño del local, fue la petición económica del inspector A. S.

Según fuentes cercanas a los afectados, para dejar claro que lo que decía iba en serio, el inspector les pasó a la firma varios impresos en blanco del Ayuntamiento de Madrid.

El inspector quería tener varios impresos firmados por si había algún error al rellenarlos, y así no perder tiempo. Les comentó que, para guardar las apariencias ante el Consistorio, un amigo suyo les redactaría un presupuesto ficticio con el importe de las reformas, aunque éstas nunca se realizaran, y que esperasen a que éste se pusiera en contacto con ellos.

Días después, el dueño del local recibió una llamada del amigo del inspector. Éste le dijo que ya tenía hecho el presupuesto y que el mismo ascendía a 10.000 euros. Se supone que esa cantidad era la que se repartirían el inspector y su amigo. Pero tanto al aparejador como el dueño del local les pareció una cantidad excesiva.

Quedaron en reunirse todos para aclarar la situación. A esa primera reunión no asistió el dueño del local. Sí fueron el aparejador, el inspector y amigos de éste. En ese encuentro, el inspector explicó a los asistentes cómo conseguiría que el Ayuntamiento le diera la licencia sin tener que hacer la reforma. En realidad era fácil: él era el encargado de certificar ante el Consistorio que la reforma de un local determinado se había hecho y que, por tanto, procedía entregar la licencia a su propietario.

Para dar aún más credibilidad al asunto, el inspector comentó que haría un informe favorable, pero supeditado a que el dueño del local acometiera un fleco. Un fleco que el dueño del local se comprometía a subsanar en un escrito que dirigiría al Ayuntamiento. Y asunto concluido. Pero para hacer todo eso, el inspector quería el abono de 3.000 euros.

El dueño del local le siguió la corriente, pero no era partidario de intervenir en un cohecho. Por eso, decidió grabar las conversaciones.

Según fuentes de la investigación, en ellas queda patente, entre otras cosas, cómo el inspector le dice al propietario del establecimiento que no se preocupe y que obtendrá la licencia si él informa favorablemente. El dueño del local no sólo grabó las conversaciones, sino que denunció los hechos a la policía. La policía tomó cartas en el asunto y convino con el dueño del local que éste concertase un nuevo encuentro con el inspector. Dos agentes camuflados vigilarían el encuentro. Y así se hizo. En esa reunión se pactó una primera entrega de 1.200 euros.