Saura insta al PSC a conseguir un acuerdo sobre El Prat antes de las autonómicas
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) cree que antes de las elecciones autonómicas del 1 de noviembre es posible, al menos, cerrar un principio de acuerdo sobre el traspaso a la Generalitat de la gestión del aeropuerto barcelonés de El Prat. El líder ecosocialista, Joan Saura, instó ayer a sus socios del Partit dels Socialistes (PSC) a lograr un pacto cuanto antes, rechazando así las pretensiones socialistas de postergar las negociaciones hasta después de los comicios al Parlament.
Si la pasada semana así se pronunció el ministro de Industria y candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, José Montilla, ayer fue el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, quien insistió en que "un asunto tan complejo no se puede resolver de aquí al 15 de septiembre" y aprovechó para arremeter contra los dirigentes de Convergència i Unió (CiU), quienes, dijo, "no pueden esperar conseguir el traspaso en 15 días después de no haber conseguido nada tras gobernar 23 años".
"Es muy importante", señaló Joan Saura, "que antes de que [el presidente de la Generalitat, Pasqual] Maragall disuelva el Parlament, el 8 de septiembre, se pueda producir un acuerdo político sobre el traspaso de El Prat". Antes de esa fecha, continuó, "el Gobierno debería dejar muy claro que finalmente acepta que la gestión del aeropuerto sea autónoma, aunque luego sea necesario hacer una ley" para desarrollar el acuerdo. Saura se mostró de acuerdo con una gestión mixta de las instalaciones, rompiendo así el modelo centralizado de AENA, pero nunca con la privatización total de la gestión.
Por su parte, Antoni Castells, que como Saura participó ayer en las fiestas del barrio de Gràcia, apostó por una fórmula de "consorcio con participación de la Generalitat y el Estado, en el que se dé entrada a empresas privadas".
La polémica sobre el traspaso de El Prat se desató después de los graves sucesos del pasado 28 de julio, cuando trabajadores de tierra de la compañía Iberia bloquearon las pistas. Ayer, el síndic de greuges, Rafael Ribó, instó al Defensor del Pueblo a que actúe por estos hechos porque las acciones de los empleados de Iberia "podrían haber vulnerado derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos". El Síndic ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que se vieron afectados por esa huelga.
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