Un implicado en las bajas fraudulentas sale en libertad con fianza

El inspector médico Francisco Casto Pérez salió ayer en libertad con fianza tras anular el juzgado número 1 de Cádiz algunas escuchas telefónicas que lo implicaban en las bajas médicas falsas detectadas en Cádiz. La trama, en la que se ha visto implicada María José Campanario, la esposa del torero Jesulín de Ubrique, gestionó una quincena de bajas y pensiones de incapacidad supuestamente falsas. Felipe Meléndez, el abogado de Casto Pérez, pedirá la nulidad de todas las escuchas.

El juzgado anuló las escuchas grabadas entre el 23 y el 26 del pasado mes de enero y que originaron la implicación de Casto Pérez y el ex jefe de la policía local de Ubrique Carlos Carretero. El juez duda de la constitucionalidad del seguimiento telefónico y advierte de que el resto de escuchas podrían verse también cuestionadas por el tribunal que juzgue el caso.

Meléndez anunció ayer que pedirá la nulidad de "todas las escuchas telefónicas". Según explicó, la investigación comenzó cuando, "de forma casual", los agentes que realizaban las escuchas autorizadas de la operación Halcón -una trama relacionada de facturas falsas- conocieron, a través de las conversaciones intervenidas, la implicación de Francisco Casto en una segunda supuesta actividad delictiva. A partir de aquí desarrollaron, según la defensa, un seguimiento a las llamadas telefónicas de Casto que permitió establecer su presunta implicación en la red de certificados médicos falsos. Sin embargo, estas escuchas, dijo ayer Meléndez, "se realizaron sin autorización ni control judicial".

Las escuchas a Casto se iniciaron en noviembre de 2005. Los investigadores presentaron como pruebas tres grupos de llamadas intervenidas entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre de 2005, entre el 23 y el 26 de enero de 2006 y entre el 30 de enero y los primeros días de marzo de este año.

La defensa ha solicitado, hasta ahora, la nulidad del seguimiento realizado entre el 23 y el 26 de enero por entender que justificaban la orden de prisión, pero ahora pretende solicitar la nulidad de todas ellas y el archivo de la causa por falta de pruebas.

Confianza

El médico puesto ayer en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros expresó su confianza en que el juez acepte la ilegalidad de todas las escuchas "y se anule este tema totalmente", según explicó ayer su esposa, Ángeles Munguía. Casto deberá presentarse cada semana en el juzgado, según establece el auto de libertad condicional, aunque su abogado defensor anunció que también recurrirá la medida.

Carlos Carretero, para quien el juez estableció una fianza de 100.000 euros, no pudo ayer salir de la cárcel por las dificultades de su familia para recaudar la cantidad solicitada. Su abogado, Alfredo Belloso, aseguró que la familia "realiza gestiones" y que la intención es la de certificar hoy en el juzgado el pago.

Carretero se encuentra imputado como supuesto cabecilla de las dos redes desmanteladas en las operaciones Halcón y Karlos. El juez de Jerez que instruye la causa de la operación Halcón dictó a finales de julio la libertad sin fianza de Carretero, pero su implicación en Karlos le obligó a seguir en la cárcel.

La operación Karlos detectó una red que facilitaba, a cambio de entre 9.000 y 24.000 euros, certificados médicos falsos de invalidez que justificaban solicitudes de pensiones a la Seguridad Social. Tras la detención de 28 personas, el juez imputó a diez de ellos los delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.

La operación Karlos es complementaria a la operación Halcón. Esta última actuación policial es previa y permitió la desarticulación de una trama de emisión de facturas falsas para defraudar a la Agencia Tributaria.