¡Que pase el condenado!

Recuerdo que en el año 1982 tomé posesión como fiscal en Barcelona. Era mi primer destino, y el presidente del tribunal ante el que me correspondía actuar se dirigía al ujier con esa frase: "¡Que pase el condenado!", para indicar que se iniciaba la audiencia y el acusado debía presentarse ante el tribunal.

En aquel tiempo en que la democracia era menor de edad había una gran prepotencia policial, y bien por dejadez, bien por comodidad o por desconfianza a los valores constitucionales, había una gran resistencia no sólo en los estamentos policiales, sino también entre los jueces y fiscales para abandonar el modelo de justicia heredado del franquismo. Este sistema era perfecto, desde el punto de vista de la eficacia y la organización: la policía detenía a los delincuentes, los jueces acordaban la prisión, los fiscales acusaban y los tribunales condenaban, todo ello basándose en un atestado que nadie cuestionaba. Pero llegamos jueces y fiscales que empezamos a cuestionarlos, no les dimos más valor que el que tienen, meras denuncias, exigimos rigor constitucional en la instrucción y en los juicios, el Tribunal Constitucional fue desarrollando el sistema de garantías, el legislador fue introduciéndolas en reformas sucesivas en el ordenamiento jurídico, y en su perfeccionamiento y mejora se sigue trabajando.

Se trata de fortalecer el sistema acusatorio y crear una auténtica policía judicial

En 1982 ya se decía que debe primar un criterio restrictivo para imponer la prisión provisional

Los tribunales condenaban basándose en un atestado que nadie cuestionaba

Una de las primeras medidas adoptadas para remover estos obstáculos y que generó una gran polémica fue la reforma llevada a cabo por la UCD en 1980 de la prisión preventiva; si bien sería Fernando Ledesma, ministro de Justicia del primer Gobierno del PSOE y magistrado, quien puso su empeño en que la prisión preventiva dejara de ser pena anticipada, y las cárceles, un espacio para vigilar y castigar, y se pusieron en marcha programas de reinserción y rehabilitación social de los presos. En su apoyo, Antonio Burón, también magistrado y fiscal general del Estado en esa legislatura, que era un hombre intelectualmente avanzado, quiso trasladar a los fiscales su visión constitucional de la institución que representaba. Para él, el derecho de todo ciudadano a esperar el juicio en libertad era esencial; por eso, la primera circular que dicta, y única en todo el año 1982, la dedica a las "funciones del ministerio fiscal en relación con las situaciones de prisión provisional". En ella dice que debe primar un criterio restrictivo para imponer la medida cautelar de prisión provisional y el fiscal debe actuar en dirección a la justicia excluyendo cualquier otra consideración.

Esta encendida defensa de la libertad, que hicieron el ministro Ledesma y el fiscal Burón Barba, provocó algún enfrentamiento con el ministro del Interior, situación que se agravó con motivo de la elaboración de la ley de asistencia letrada al detenido. Recordemos que aquellos eran tiempos en los que se escuchaba el ruido de sables y el 70% de los presos encerrados en las cárceles eran preventivos. Su previsible puesta en libertad generaba temor, temor que era explotado por los elementos reaccionarios e involucionistas. El ministro del Interior, señor Barrionuevo, enfrascado en la reforma democrática de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y la realidad del terrorismo que mostraría su cara más sanguinaria tras el fracaso de las conversaciones de Argel, pensaba que una de las causas del desastre de la Segunda República fue el no haber sabido controlar la seguridad ciudadana, y no estaba dispuesto a que volviera a suceder; por consiguiente, tampoco terminaba de ver bien esas iniciativas por el riesgo y la alarma social que se producía; sin embargo, en aquella ocasión EL PAÍS, siguiendo la tradición constitucional iniciada años antes, apoyó este pensamiento progresista.

Pero aquellos enfrentamientos no llegaron a tener la dimensión ni la trascendencia del provocado a raíz del día 10 de junio pasado, cuando el Juzgado de Guardia de Madrid puso en libertad a cinco supuestos ladrones de bancos. Ahora se dan características genuinas que lo hacen particularmente preocupante y ponen de relieve la fragilidad del sistema democrático.

En primer lugar, a estas alturas de la democracia, la filosofía constitucional debería haber impregnado todo el espacio institucional, y debería haber adaptado sus métodos de trabajo a las exigencias constitucionales. En el ámbito de la prisión preventiva, la Ley 13/2003 reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando acogida a la doctrina constitucional, que expulsa a la alarma social de los criterios para poder acordar la prisión provisional; sin embargo, el nivel de enfrentamiento y las descalificaciones surgidas, tales como que los fiscales de instrucción son los responsables de la inseguridad, demuestra que todavía existen espacios opacos.

En segundo lugar, debería haberse desarrollado íntegramente el principio acusatorio, y existir perfectamente estructurada una policía judicial que, dirigida por el fiscal y en su entorno, desarrolle las investigaciones con solvencia profesional y rigor constitucional.

Tercero, con absoluto desprecio al secreto del sumario, se ha sustraído al conocimiento del juez y el fiscal material importante, consistente en un vídeo con imágenes del robo que ha sido mostrado al público por todas las televisiones provocando un importante impacto emocional en los espectadores y generado una innecesaria alarma social.

Es cierto que esta irresponsable difusión, que desde luego no parece tener otra intención más que la de desacreditar a la fiscalía, ha dejado en la opinión pública una imagen cuanto menos de dejadez de los fiscales, que ni siquiera la intervención, llena de ímpetu democrático en defensa del Estado de Derecho del Fiscal General del Estado, Cándido Conde, como otrora hiciera Burón Barba, ha podido disipar. Sin embargo, desde el ámbito judicial, la percepción de lo sucedido es que la policía ha actuado con una absoluta falta de profesionalidad y desprecio de los derechos de los ciudadanos.

Lo peor no es el clima de desconfianza y las recíprocas acusaciones de negligencia o de revelación del secreto sumarial y ocultación de pruebas, sino que ha emergido desde lo más oculto el siniestro deseo de volver al sistema de "¡que pase el condenado!", la idea de que la democracia está bien, pero es un incordio para combatir a la delincuencia, se está imponiendo a pasos agigantados, y si alguien no lo remedia, puede dar al traste con todas las conquistas democráticas, pero que nadie se llame a engaño: el bando que enarbola esta bandera no es profesional, sino ideológico.

La solución no puede partir de la emoción, sino de la reflexión y mesura; no se trata de cortar cabezas, sino de generar métodos democráticos de actuación, de fortalecer el sistema acusatorio y crear una auténtica policía judicial en el marco del pensamiento impecablemente expresado por el añorado Burón Barba, que conviene recordarlo con sus propias palabras: "El ministerio fiscal, defensor caracterizado de los valores que representan la libertad y los derechos y libertades públicas, debe velar por la aplicación y observancia de los preceptos específicos en dirección única a la justicia, impidiendo la consolidación de estados contrarios a los principios inspiradores de un Estado Democrático de Derecho".

Pedro Martínez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.