Farmacias, en guardia ante la liberalización

Vanesa F., de 26 años, estaba a punto de comprar una farmacia en un pueblo del sur de Madrid. La buscaba hacía tiempo y la encontró. El precio: dos millones y medio de euros. El pasado 29 de junio cambió de planes. El día anterior Bruselas había anunciado un dictamen motivado dirigido al Gobierno español que exige la modificación, en un plazo de dos meses, de la normativa que regula la adjudicación y el establecimiento oficinas de farmacia por "desproporcionado y discriminatorio". La Unión Europea también pide a España que acabe con la condición de que sólo los licenciados sean propietarios o copropietarios, y no más de una por persona.

Vanesa decidió pensárselo dos veces. "Iba a firmar el contrato y lo paré. Todavía no he descartado nada", comenta Vanesa, que prefiere ser discreta sobre sus apellidos. Trabaja como farmacéutica adjunta en Zaragoza, desde 2003, cuando acabó la carrera universitaria. Considera rígido el sistema actual. Si no hay cambios, muchos de sus compañeros difícilmente podrán abrir su propio establecimiento. Se verán abocados a trabajar como adjuntos. "Se están pagando precios de locura

"El sistema está protegido y accede a las farmacias el que tiene más dinero"

"Hay un servicio de calidad y barato accesible para toda la población española"

[por comprar oficinas abiertas]", afirma. Y los baremos para conceder nuevas licencias de apertura privilegian a los que ya tienen una. Éstos ceden su farmacia a sus hijos y optan a otra, así se crean "familias de farmacéuticos que al final consiguen varios establecimientos".

En España, la ordenación del sistema depende de las Comunidades Autónomas. Hay una normativa estatal básica -la Ley 16/1997- que regula una distancia mínima de 250 metros entre las oficinas y una población entre 2.800 y 4.000 personas por cada licencia, aunque admite excepciones -en zonas rurales, de montaña, turísticas.

Pese a lo riguroso de la regulación, Vanesa no cree que la liberalización sea la solución. "Dejaría de ser una cosa sanitaria para ser un negocio. Hacerlo como en Navarra no es la solución".

La Comunidad Foral es la alternativa que propone la Unión Europea para el resto del Estado español. En 2000, la ley navarra rebajó la distancia mínima entre oficinas a 150 metros, y aunque conserva el criterio de población estatal en cada zona básica de salud, abre un amplio abanico de excepciones. Desde hace seis años han abierto 247 farmacias, según los datos del Colegio Oficial navarro. El pasado 21 de julio habían 554, para unos 600.000 habitantes, una por cada 1.083 habitantes En toda España: casi 21.000, según el Consejo General de colegios, para 44 millones, una para cada 2.000.

María Jesús Gil Gil abrió su propia oficina en Tudela hace tres meses. Maje, su apelativo coloquial, está "agradecida" al cambio legislativo que hubo en la Comunidad Foral. Tras ocho años trabajando como adjunta y visitadora médica, pudo cumplir su sueño. Se declara partidaria de que haya "una pequeña liberalización del sector". Estaría "encantada" de que en el resto de España la regulación "fuera parecida" a la de Navarra, aunque reconoce, "tal vez aquí ha habido demasiada. Se ha pasado de nada a mucho".

Jesús Barcala, de 48 años, propietario y titular de una oficina en Madrid, en la calle Ferraz, no cree que acatar la petición de la UE tenga efectos positivos. "Si el sistema se liberaliza los criterios cambiarán. Las grandes empresas, las que están detrás del requerimiento, sólo abrirán allí donde les sea rentable. En cambio, ahora se cubre toda la geografía española, tanto los pueblos pequeños como las ciudades". La liberalización del sector no mejoraría mucho el acceso a la propiedad de las farmacias de los recién licenciados y afectaría "a los que acaban de acceder a una y las están amortizando", añade. Los retoques que precisa deberían hacer posible una mayor integración y colaboración de las farmacias con los servicios médicos de atención primaria. "La regulación actual está dentro del sistema de sanidad y da un servicio de calidad y barato que es accesible para toda la población española. Funciona bien", concluye Barcala.

Para Ambrosio González, propietario de la farmacia El Pilar en Valencia, "no queda más remedio que liberalizar el sector", como exige la UE. No es la primera vez que González defiende una postura contraria a la de sus compañeros. Hace 11 años mantuvo una larga lucha judicial para abrir su establecimiento 24 horas al día. "La propiedad puede ser de cualquiera; no hay quien tiene hospitales y laboratorios. La titularidad, no. ¿Por qué tiene que funcionar mal? Si se liberaliza unos saldrán beneficiados y otros perjudicados, y si hay algún problema en los pueblos pequeños, eso puede regularse. Ahora está totalmente protegido, pero no por eso hay mejor servicio, y accede a las farmacias el que tiene más dinero", afirma.

El Ministerio de Sanidad todavía no ha respondido a la Comisión. Fuentes ministeriales afirman que están estudiando el requerimiento para fijar una posición definitiva al respecto. El pasado 12 de julio, en la toma de posesión del reelegido presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pedro Capilla, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, dijo creer en el modelo español de farmacia, pero "respetando el derecho comunitario".

La receta, por el momento, esperar. Éste no es más que el segundo paso de un procedimiento que podría acabar en el Tribunal de Justicia Europeo si España no atiende las demandas de la Comisión.