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Editorial:

La catástrofe frustrada

Emergen los primeros y escasos detalles de la conspiración para destruir en vuelo aviones de pasajeros sobre el Atlántico y los nombres de 19 de los 24 jóvenes musulmanes británicos detenidos por Scotland Yard tras una investigación de meses. La mayoría son de origen paquistaní (de Pakistán, que apunta a Al Qaeda, habrían partido las claves que precipitaron la actuación policial) y, como en otros casos de terrorismo, sus vecinos de barriada les consideran gente corriente. Pero los entresijos y el alcance del compló tardarán en conocerse. Ha sucedido antes y volverá a suceder que mucho de lo que hoy parece claro deja de serlo a medida que avanzan y se afianzan o desinflan las pesquisas policiales y judiciales.

El atentado aparentemente frustrado es el segundo de enormes dimensiones gestado en poco más de un año en el Reino Unido. Y por los datos conocidos, parece calcado de otro abortado en Filipinas hace 10 años en el que fundamentalistas de origen paquistaní pretendían destruir una decena de jumbos sobre el Pacífico, aunque sin suicidarse en el intento. No faltan motivos a los dirigentes de los musulmanes británicos, 1,7 millones, para mostrar cierto escepticismo ante las revelaciones de Scotland Yard; y temor a una criminalización colectiva de su comunidad. Argumentan, con razón, que algunas otras sonadas operaciones antiterroristas recientes han concluido en fiasco, cuando no en aberraciones policiales.

Pero de ahí a pretender explicar, como ayer algunos, los preparativos de un grupo de psicópatas como consecuencia final de la política exterior británica, hay un abismo alarmante. El mismo que refleja un sondeo de esta semana entre musulmanes británicos, para el 45% de los cuales el 11-S fue una conspiración entre EE UU e Israel. El primer ministro Blair puede estar profundamente equivocado en su alineamiento a ultranza con Bush en Irak o en su indulgencia más allá de lo decente con los excesos israelíes en Líbano. Pero es responsable ante sus conciudadanos, incluidos los detenidos, y son ellos quienes deben exigirle una política más equilibrada y moral o echarle. El sistema de valores democrático, construido a un altísimo precio durante siglos, jamás puede dar el salto entre la ira y la frustración legítimas, y su traslado al asesinato masivo, alevoso y a sangre fría de inocentes. No hay ni un paso entre esa concepción totalitaria y la destrucción total de la convivencia.

Pronto estaremos en condiciones de calibrar si la emergencia máxima y el caos aéreo del jueves estuvieron o no justificados. La protección de las vidas de sus ciudadanos es la primera obligación de cualquier gobierno, y en ese contexto, la seguridad de los aeropuertos ocupa en el siglo XXI un lugar destacado. Importa por ello poco si la trascendencia de la operación eclipsó noticias interiores que perjudican todavía más al acosado jefe del Gobierno británico. Lo urgente ahora es poner en alerta máxima todos los mecanismos de cooperación internacional para evitar la repetición de intentonas semejantes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de agosto de 2006