Por una ley de víctimas digna

En julio de 1936, mi abuelo Gregori Femenia, de Sagra, tenía 21 años, pero ya era cabeza de familia. Su padre había muerto y le tocaba trabajar como jornalero y llevar a casa el sustento de su madre y sus dos hermanos pequeños. En esa fecha, mi abuelo Tono Maria, del Ràfol d'Almúnia, tenía 34 años, esposa y una hija pequeña. Y ya sabemos qué pasó en España a partir de ese 17 de julio. Unos militares rompieron su juramento y la voluntad popular y cambiaron la vida de millones de personas.

¿Cómo reparará la nueva ley de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura el daño que sobrevino a mi familia cuando mis abuelos tuvieron que abandonar sus casas y a sus seres queridos para luchar por la República legítima que los traidores querían derrocar? Mis dos abuelos y mi abuela, Consuelo Seguí, ya han muerto, pero creo que se merecen una reparación.

En febrero de 1938, durante la contraofensiva rebelde en Teruel, mi abuelo Gregori es hecho prisionero por las tropas franquistas. Su familia estuvo casi dos años sin saber si estaba vivo o muerto. Mi abuela, Milagro Ferragut, estuvo todo ese tiempo saliendo de casa sólo a trabajar en el campo. Estaba de duelo. Ahora tiene 90 años, y me parece que ya es hora de que alguien le diga, aunque sólo sea de palabra, que destrozarle la juventud fue un acto criminal e ilegal.

Mi padre nació en 1940 y mi madre en 1944. Tuvieron una infancia con poca comida, muchas estrecheces y unos padres ausentes largas temporadas por tener que emigrar cuando no había jornales en el pueblo. Así y todo, felices, porque los niños sólo necesitan el amor de sus padres y sus hermanos para serlo, y eso no les faltó nunca.

Desde aquí pido al presidente del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que, de una vez por todas y antes de que la generación que sufrió la guerra desaparezca, las Cortes Generales aprueben una ley digna que repare, aunque sea de palabra, todo el daño que se produjo como consecuencia de la sublevación.