La izquierda 'abertzale' advierte al Estado de que no debe "chantajear" con los presos
Las bases debaten un texto de Askatasuna que subraya que el proceso se puede "frustrar"
Las bases de la izquierda abertzale llevan meses celebrando asambleas en las que se debate la hoja de ruta y el papel del movimiento popular en el proceso abierto tras el parón etarra. Un documento de debate elaborado por Askatasuna, la asociación ilegalizada de apoyo a los presos de ETA, fija las fases de un proceso cuyo objetivo es una consulta y en último término la autodeterminación, y apunta que las "nuevas oportunidades" abiertas tras el alto el fuego se "pueden frustrar de raíz" si se apuesta por una "falsa solución" que no englobe a toda Euskal Herria y por "intereses partidistas". El borrador advierte al Estado de que no caiga en la tentación de "chantajear" con los presos etarras.
Las diversas organizaciones de la izquierda abertzale no han estado inactivas en estos cuatro meses de alto el fuego permanente de ETA. El portavoz de Askatasuna, Juan María Olano, ha confirmado que se han celebrado asambleas "en docenas de pueblos" para debatir los caminos a seguir. "Debemos afinar en nuestra posición y ejes de acción para sortear", dicen en sus documentos, las "estrategias dirigidas a resquebrajar nuestra única estrategia nacional". Este asunto tiene en el debate político un primer obstáculo: la conformación de una única mesa de partidos que englobe a los siete territorios (Euskadi, Navarra y País Vasco francés). Es un objetivo que incluso los sectores más independentistas del PNV que encabeza Joseba Egibar ven implanteable en una primera fase.
Los líderes de la izquierda independentista han apreciado en sus bases cierta frustración, muy evidente en sectores relacionados con los presos etarras, que esperaban una flexibilización de la política penitenciaria y movimientos de más calado tras la decisión de ETA.
Fuentes cercanas al movimiento de apoyo a los presos admiten en privado que, pese a tener clara la apuesta por el proceso, se les hace difícil convencer a un sector tan importante como ése: "No vemos cambios en las estrategias represivas de los Estados español y francés". El futuro inmediato de los presos de ETA (495 en España) es uno de los asuntos que deberán debatir los enviados del presidente Zapatero en la primera reunión con los terroristas.
El documento de debate con el que Askatasuna pretende centrar el análisis de la situación reconoce que "Euskal Herria está en la encrucijada". El texto es un documento de máximos políticos que marca como horizonte final del proceso la autodeterminación, la amnistía y la expulsión de la Policía y la Guardia Civil de Euskadi. Se cita expresamente a la Ertzaintza, que deberá "situarse permanentemente en parámetros estrictamente democráticos, como de resolución política del conflicto".
Garantías
Pese a todo, el propio documento tiene pinceladas de realismo al admitir, como en privado han reconocido líderes de Batasuna, que las dinámicas de lucha deben "atender a las diferencias entre ambos estados español y francés". "A pesar de su evidente implicación, el Estado francés no ha reconocido hasta ahora su condición de agente en el conflicto. En esta fase política tendremos que actuar en consecuencia con esta postura. (...) En todo momento, esa dinámica procurará atraer al Estado francés hacia posiciones favorables a la resolución política". Para la izquierda abertzale, principal garantía de que el proceso sea democrático es la participación de todos los ciudadanos, incluidos presos y huidos, que deberán tener un "estatus político" que garantice "todos sus derechos". La segunda, en la que insisten estas semanas Otegi y otros dirigentes, es la "desactivación de la represión política", lo que incluye cambiar la política penitenciaria, "que además de cercenar derechos de los presos políticos, pretende chantajear a Euskal Herria". El texto advierte a ambos estados de caer en la tentación de "utilizar" a ese colectivo para "chantajear".
El tercer punto para que el proceso no embarranque es "garantizar los derechos de organización, expresión y movilización sin excepción ni límites de ningún tipo", lo que supone la legalización de los partidos y grupos que siguen en las catacumbas políticas como Batasuna o Askatasuna. La cuarta supone implícitamente la desaparición de la violencia de ETA: "Desde el mutuo respeto, un elemento importante es la no agresión recíproca por medio de la violencia. Es por esa razón por la que de modo permanente y en el marco del proceso resolutivo del conflicto, deberían desaparecer todas las expresiones de violencia".
El PP pide que se prohíba una marcha
El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que evite que Batasuna se manifieste el próximo domingo en San Sebastián porque se trata "de una organización terrorista ilegal". La exigencia fue respondida de inmediato por la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, quien recordó que las competencias para prohibir una marcha de esas características en Euskadi corresponden al Ejecutivo vasco, cuya Consejería de Interior tiene la facultad de prohibirla. Fernández de la Vega declinó referirse a la convocatoria realizada el sábado públicamente por el dirigente de Batasuna Pernando Barrena. Quienes sí valoraron ayer la marcha fueron los socialistas vascos y el PNV. Para el PSE, la convocatoria realizada por el partido ilegalizado "no va a ayudar mucho" y es un "error", aunque también criticaron al PP por que todo lo que hace es "tensar todo al máximo, buscando cualquier resquicio para dificultar el proceso de paz", en palabras del líder de los socialistas alaveses, Juan Carlos Prieto. El PNV, por boca de la secretaria de la Ejecutiva, Josune Ariztondo, dijo que espera que sea "una manifestación ciudadana a favor de un lema político".
"Todos los responsables de agentes y de partidos sabemos cómo actuar para ejercer los derechos y soslayar provocaciones que ya están empezando a aflorar, especialmente del PP", subrayó.
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