La escalada de Obrador

Manuel López Obrador, el líder centroizquierdista mexicano derrotado por estrechísimo margen en las presidenciales de julio, porfía en un camino peligroso para presionar a los jueces y denunciar el supuesto fraude electoral que le ha arrebatado la jefatura del Estado. La última fase de su protesta para exigir el recuento manual de todos los votos consiste en hacer acampar a sus huestes en el centro de la capital mexicana, paralizado y caótico desde hace tres días. No hay peligro de intervención policial para restituir la normalidad: el gobierno de la ciudad está en manos de su partido, el de la Revolución Democrática (PRD).

El Tribunal Federal Electoral, ante el que López Obrador ha recurrido, tiene hasta el 6 de septiembre para pronunciarse sobre las elecciones, ordenar un recuento total o parcial de los votos o dar por bueno el resultado que otorgó la victoria al conservador Felipe Calderón, del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN). Es una institución respetada, integrada por siete jueces sin compromisos políticos conocidos.

Pero un mes es probablemente demasiado tiempo en el clima de creciente tensión política alimentada por López Obrador. El aspirante derrotado, cultivador de un populismo fácil, se prodiga en inquietantes mensajes que van desde considerarse el indiscutible presidente de México hasta el desprestigio del Tribunal Electoral, pasando por anunciar que acatará el resultado del recuento que exige "incluso si pierdo". Parece como si el objetivo final del ex alcalde de México fuese anular los comicios ganados aparentemente por Calderón, que mantiene un perfil deliberadamente bajo.

Con las movilizaciones populares que viene abanderando desde hace un mes, Obrador ha escogido el peor método democrático para defender la democracia. México se ha dotado en los últimos años de instituciones electorales creíbles, de funcionamiento democrático y maduro. Y no hay de momento evidencia alguna que avale el fraude denunciado por el líder centroizquierdista. Echarse al monte antes de que los órganos de arbitraje hayan cumplido su función, significa, entre otras cosas, que López Obrador carece de respeto por el sistema legal del país que aspira a presidir. La acampada en curso -pomposamente llamada resistencia pacífica- es un grave error más para ganar en la calle lo que le han negado las urnas. Un peligro menor es que acabe perdiendo el apoyo de quienes no le votaron, pero están a favor del recuento. Otro, de mucho mayor alcance, que la confrontación que el ex alcalde de México DF está fomentando, acabe yéndosele de las manos.