Contra las expulsiones, imaginación

El Réseau Éducation Sans Frontières (RESF o, lo que en español sería lo mismo: Red Educación Sin Fronteras) tiene dos años de vida. Agrupa unas 70 organizaciones, entre las que figuran sindicatos, asociaciones vecinales, grupos reunidos por afinidades profesionales o electivas, etcétera. Nadie sabe cuántas personas integran el RESF, pero sí que es capaz de contar con la movilización inmediata de 13.000 personas en toda Francia. Si se produce una detención de un sin papeles con hijo o hijos escolarizados en el país, entonces acuden de inmediato a la Prefectura (institución equivalente a la Delegación del Gobierno), se interesan por el caso, ofrecen ayuda legal y de otro orden. Si el inmigrante ha recibido una orden de expulsión o una simple convocatoria sospechosa de la Prefectura, entonces esas 13.000 personas ofrecen domicilio alternativo para escapar a una justicia administrativa que se plantea devolver los inmigrantes a su país de origen. Lo quieran o no ellos. "Los tomamos bajo nuestra protección. Sabemos que nos arriesgamos a cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa", dice un portavoz del RESF.

El pasado 13 de julio, el RESF presentó al presidente de la República un texto firmado por 100.000 ciudadanos que se comprometen "a abrir la puerta si nos piden asilo, sin denunciar a nadie". Entre los firmantes destacan un cantante como Johnny Hallyday, el sindicalista François Chérèque, la actriz Agnès Jaoui, el escritor Jean Rouaud, el atleta Stéphane Diagana, el dibujante Enki Bilal, el filósofo Edgar Morin o el responsable socialista Dominique Strauss-Kahn.

RESF ha nacido para luchar contra la decisión gubernamental de endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad francesa por parte del Gobierno. Una sentencia de 1996 especificaba, al mismo tiempo, que "la escuela es laica, gratuita y obligatoria entre 6 y 16 años" para todos aquellos que residen en Francia, especificando que "para inscribirse en la escuela no es necesario tener ningún permiso de residencia". Basta con un justificante de domicilio. Por eso el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, quiere expulsar del país a padres e hijos sin permiso de residencia aprovechando la pausa de las vacaciones escolares. Sarkozy declaró la semana pasada que "se presentarán unas 20.000 demandas de regularización antes del 13 de agosto y todos los indicios nos llevan a pensar que podrán ser atendidas entre 6.000 y 7.000", una cifra muy superior a los "2.000 o 2.500" de los que hablaba antes.

"Caso por caso"

Sarkozy dice defender la "regularización caso por caso" y no aceptar "ni los papeles para todos de los socialistas ni la expulsión de todos los extranjeros defendida por la extrema derecha". Su tesis cuenta con el aval de un 62% de los franceses, pero no sirve para explicar el problema de los clandestinos -entre 300.000 y 600.000- que no se arriesgan a querer legalizar su estancia, ni tampoco cómo va a organizar y pagar el retorno forzado a su país de origen de miles de personas. "Me he fijado un objetivo de 25.000 expulsiones en 2006", dice el ministro. El "caso por caso" depende de los prefectos de cada departamento. Desde el 13 de junio éstos recibieron del Ministerio del Interior una circular que precisaba los seis criterios a partir de los cuales establecer si un extranjero puede o no seguir residiendo en territorio francés: 1) llevar residiendo en Francia un mínimo de dos años; 2) que la escolarización del niño haya empezado como mínimo hace dos años; 3) que uno de los hijos haya nacido en Francia; 4) la ausencia de vínculos con el país de origen; 5) la contribución efectiva a la alimentación y escolarización del niño; 6) una real voluntad de integración. Nadie sabe si hay que exigir los seis criterios o basta con que se cumpla con uno, dos, o más de ellos.

Para el RESF también fue una mala noticia que el Consejo Constitucional revalidase el pasado 20 de julio el endurecimiento legal propuesto por Sarkozy, por el cual los 10 años de residencia dejan de conferir automáticamente la nacionalidad francesa, o que eleva a 18 meses el periodo mínimo de residencia legal para tener derecho a pedir el poder "reagrupar la familia", es decir, hacer venir esposa e hijos del país de origen. Lo más grave será si los prefectos optan, al inicio del próximo curso, por intervenir en contra de la inscripción escolar de todos los niños cuyos padres no tengan un permiso de residencia en regla. Ésa es la demanda formulada por el ultraderechista Le Pen o el soberanista de derechas Philippe de Villiers. Para combatir ese punto de vista, el RESF ha resucitado las figuras del padrino y la madrina, personas que se hacen moralmente responsables de la escolarización de un niño sin papeles -el cineasta Costa Gavras, la novelista Marie Desplechin, el actor Philippe Torreton, el cantante Stomy Bugsy se han prestado al juego- y ha lanzado una edición de postales en las que se cuentan los casos de niños en peligro de ser devueltos hacia el país de origen de sus padres.