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La Guardia Civil confisca 1.800 kilos de explosivos tras el 11-M

Los agentes han realizado más de 100.000 inspecciones desde noviembre de 2004

La Guardia Civil se ha incautado de casi 1.800 kilos de explosivos desde el 1 de noviembre de 2004 hasta el pasado 15 de julio tras la puesta en marcha del Plan de Control de Explosivos implantado por Interior como consecuencia de los atentados del 11-M en Madrid, según un informe "reservado". La medida se produjo cuando la matanza dejó al descubierto los agujeros existentes en la vigilancia de canteras y minas, como lo prueba que la dinamita Goma 2 ECO empleada en la matanza de los trenes fuera obtenida sin demasiada dificultad en una mina asturiana.

El desastroso sistema de control sobre los explosivos que a diario se mueven por España forzó a la Guardia Civil a diseñar planes específicos para cada zona; definir la labor de inspección; mejorar la coordinación informativa entre las comandancias; y crear un fichero informático de personas e instalaciones relacionadas con el uso, transporte y manejo de explosivos (fábricas, almacenes, depósitos, polvorines, armerías, canteras, minas, etcétera).

Los atentados del 11 de marzo en Madrid, en los que murieron 191 personas, hicieron saltar todas las alarmas sobre la falta de control en torno a los 10.000 polvorines que hay en España y que custodian las 4.000 toneladas de dinamita Goma 2 que se fabrican anualmente. La investigación policial descubrió que los más de 130 kilos utilizados en la matanza de los trenes habían sido sustraídos en la mina Conchita, situada en el término asturiano de Belmonte de Miranda.

En el sumario del juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo figuran declaraciones de empleados de esta empresa minera que reconocen que los paquetes de dinamita Goma 2 ECO que no se gastaban en el tajo eran dejados al aire libre o en mini polvorines de fácil acceso. "Estoy cansado de ver cajas de dinamita en el exterior de las bocaminas. Nunca devolvíamos la dinamita sobrante al vigilante, sino que la escondíamos en el tajo para el día siguiente", tiene declarado uno de los mineros.

Todas las medidas, contempladas en el Plan General de Control de Explosivos del Ministerio del Interior emprendidas tras el 11-M, están muy desarrolladas. Sin embargo, el fichero informático no está a pleno rendimiento, ya que las diversas unidades de la Guardia Civil aún están suministrando los datos destinados a alimentar al ordenador central.

En los 19 meses transcurridos entre el 1 de noviembre de 2004, fecha de la puesta en marcha del plan, hasta el pasado 15 de julio, el instituto armado ha efectuado 101.731 inspecciones en fábricas, polvorines y en actividades donde se consume dinamita u otro tipo de explosivo, según Interior. Eso supone que los agentes han realizado un promedio de 160 inspecciones cada día.

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El control ha sido efectuado en todas las regiones españolas, aunque se ha centrado en aquellas donde la fabricación, transporte o consumo de este tipo de material es más elevado, según señala el informe reservado de la Dirección General de la Guardia Civil. Así, País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura concentran más del 68% de las inspecciones.

La vigilancia y control ejercidos en este periodo han permitido el descubrimiento de 1.498 infracciones, lo que supone un promedio de 2,41 cada día. Pero el informe interpreta que la mayor presión policial está haciendo que las vulneraciones de la ley de armas y explosivos tiendan a ser cada vez menores.

De Asturias salió la dinamita empleada por los terroristas islamistas del 11-M. Y Asturias es curiosamente la comunidad donde se han detectado más infracciones (362). Eso supone que en Asturias se ha descubierto una de cada cuatro de las infracciones de España en este mismo periodo.

Esta constatación lleva a la Guardia Civil a remarcar que "Asturias debe mantenerse como una de las zonas preferentes de esfuerzo dentro del esquema general del control de explosivos". Y a mayor abundamiento advierte de que sus agentes alertaron el pasado mes de junio de 14 infracciones, es decir, una cada dos días.

La sustancia decomisada en mayor cantidad (949 kilos) ha sido dinamita Goma 2, precisamente la misma usada en los atentados del 11-M; 100 kilos de Riogel (un material fabricado por la Unión Española de Explosivos); 61 kilos de amonita; 66 de dinamita; 80 de nagolita y 527 de otro tipo de explosivos como gelamonita, TNT, pólvora negra, etcétera.

Cataluña es la región donde la aprehensión ha sido más elevada: más de 700 kilos de Goma 2 ECO y 33 cartuchos del mismo material. En Asturias, que sigue siendo la comunidad que más preocupa a Interior, han sido decomisados más de 108 kilos de Goma 2.

Además de haber puesto en marcha el Plan General de Control de Explosivos, el Gobierno ha emprendido otras reformas legales para tratar de impedir la caótica situación que facilitó el suministro de explosivos al grupo terrorista del 11-M.

A tal fin ha endurecido los controles en los libros de registro de las empresas que usan este tipo de sustancias, así como las sanciones económicas previstas para los infractores.

El Ejecutivo también ha conseguido que la Unión Europea apoye las iniciativas encaminadas a un mayor control de este tipo de materiales. Por ejemplo, en el marco del G-6 (grupo que integran los ministros del Interior de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Polonia y España), se ha creado una red de alerta inmediata en el caso de robo de explosivos.

Un fichero pendiente

El Plan General de Control de Explosivos contempla un total de 28 medidas en cuatro ámbitos: operativo, organizativo, normativo y potenciación de recursos. El informe de la Guardia Civil afirma que 26 de esas iniciativas han sido ya "plenamente ejecutadas", lo que supone que hay dos que no están todavía en esa fase de desarrollo.

Una de las medidas pendientes es la puesta en marcha de un fichero informático en el que estén sistematizados todos los datos relativos a fábricas de explosivos, almacenes, depósitos, polvorines, armerías, etcétera.

"En estos momentos se está procediendo a la captura y carga de los datos que va a contener", y así se le ha hecho saber a todas las unidades del instituto armado afectadas por el proyecto.

La otra medida pendiente es la relativa a la remuneración de los miembros de los equipos de inspección de explosivos, teniendo en cuenta "su especial responsabilidad o dedicación". La Guardia Civil está trabajando para que perciban en breve un plus de "productividad estructural".

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