Una manifestación y una comisión parlamentaria

Supongo que la convocatoria de una manifestación, mientras se inician las actividades de la comisión parlamentaria de investigación del accidente del metro, soporta muy diferentes lecturas. Nosotros la hemos convocado para exigir un transporte público seguro y unos servicios públicos de calidad, frente a su permanente deterioro reiteradamente denunciado. Exigimos transparencia porque "toda acción referida a los derechos de los otros que no soporta ser publicada es injusta" y, porque tal cosa referida a las víctimas y sus familiares no sólo sería algo injusto, sino un nuevo agravio y un insulto.

El pasado 3 de julio 43 personas perdieron la vida en un accidente en la línea 1 de Metrovalencia. Pasado el tiempo del impacto por la pérdida de tantas vidas humanas, creemos que es el tiempo de las responsabilidades. Exigirlas es un derecho y un deber. No porque se trate de un servicio gestionado por una empresa pública FGV, sino porque es un servicio público esencial, independientemente de la forma en que se provee y, en consecuencia, porque afecta a un interés ciudadano fundamental. Por esto, justamente cuando se trata de demandar y asumir responsabilidades políticas, debemos insistir en ello. No sólo sobre las causas directas que motivaron el accidente, sino sobre estas otras dinámicas que conciernen a una ciudadanía activa que no quiere participar en la banalización de la prevención, ni tampoco de la política.

Desde aquella primera declaración de "se ha producido un accidente fortuito", con la que el conseller portavoz iniciaba una primera declaración oficial sobre el accidente, ha habido no pocas muestras de esta trivialización.

Es cierto que fortuito es lo que ocurre casualmente, de forma inopinada, sin premeditación, ni prevención. Pero esto es justamente lo que reclamamos: dado que es difícil eliminar totalmente el peligro en el transporte, deben proveerse todos los medios posibles, para que la probabilidad del riesgo sea mínima (cosa que en este caso sospechamos que no se hizo). Y puesto que el daño ya no es evitable, el máximo esfuerzo debe dirigirse a hacer que esto sólo muy difícilmente pueda volver a ocurrir.

Para que la prevención sea seria y consecuente la primera actitud es evitar la "naturalización del riesgo"; es decir, hay que resistirse a la tendencia a interpretar que, puesto que cualquier sistema de seguridad es siempre algo incierto ante situaciones futuras, se actúe en función de lo que más o menos se puede hacer o para "cumplir el expediente", o que se haga "algo" que pueda servir de justificación a posteriori, aunque en el fondo permanezca el convencimiento de que "no hay nada que hacer" porque los accidentes son "inevitables".

Nosotros, en cambio, creemos que son evitables y trabajamos para reducir su probabilidad. Por eso queremos que se profundice en el conocimiento de las causas de éste, para evitar que las responsabilidades se externalicen generalizándolas, se asignen a quien ya no puede defenderse o se lancen quejas fatalistas al empedrado. Es preciso, pues, que se asuman responsabilidades, porque si no, no se rectificarán comportamientos.

La comisión parlamentaria de investigación no debe nacer de forma vergonzante en las Cortes Valencianas, sino como reflejo de que se asume que el mayor autogobierno significa mayor responsabilidad, para evitar la tendencia a la burocratización de la política y que la desafección se extienda, porque los políticos van limitando su responsabilidad y actúan como técnicos de la gestión pública o apologetas de partido. Hasta ahora la gestión política relacionada con el caso ha sido, cuanto menos, deprimente. Reiteradamente desde CC OO hemos formulado la demanda de un transporte público, seguro y sostenible, así como políticas públicas que marquen prioridades sociales, frente a prácticas fomentadas desde la mercantilización y el consumo, que generan un incremento desorbitado de los desplazamientos por medios individualizados. Estos tienen un creciente impacto sobre el territorio y contribuyen al descuido de los medios colectivos de transporte.

Nosotros no delegamos nuestro compromiso sociopolítico, antes al contrario y pese a quien pese, queremos participar en las decisiones públicas. Tanto en las presupuestarias, como en las opciones y aplicaciones tecnológicas, o en su evaluación social. Tampoco renunciamos a la educación cívica sobre el uso del transporte o la provisión de los servicios, y no dejaremos de exigir una ordenación de actividades en el territorio, racional y acorde con la promoción de la calidad de vida.

Los gobiernos deben proveer unos servicios públicos de calidad bien dotados presupuestariamente. Ahora es el momento de abordar ese compromiso con la vista puesta en el 2007, cuando se elaboran las fichas que deben garantizarlos y mantenerlos, ajustándolos a las nuevas necesidades sociales.

"Si la corrupción nace del desinterés ciudadano", solicitar ese interés, expresarlo en la ciudad, aunque sea participando en una manifestación, debe ser una seria advertencia, contra la banalización de las responsabilidades públicas. Responsabilidades que hacemos nuestras también por la dignidad de las víctimas con nuestro compromiso.

Joan Sifre Martínez es secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano.