_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Enmienda a la totalidad

Todo el mundo que conoce el funcionamiento de una democracia parlamentaria sabe que la enmienda a la totalidad es un brindis al sol. El o los partidos que están en el Gobierno lo están porque disponen de la mayoría parlamentaria y, en consecuencia, los partidos que están en la oposición no podrán conseguir nunca que sea aprobada una enmienda a la totalidad de cualquier proyecto de ley. La enmienda a la totalidad tiene un valor simbólico, del que se puede hacer uso ocasionalmente, cuando el texto del proyecto de ley que se debate se considera que es de tanta importancia para las señas de identidad del partido que está en la oposición que, aún a sabiendas de que no va a prosperar, se presenta para dejar claro ante la ciudadanía cuál es la posición que se tiene en ese asunto. Es una forma de subrayar las señas de identidad del partido que hace la enmienda.

Pero con enmiendas a la totalidad no se hace oposición. La oposición se hace con enmiendas parciales, a través de las cuales se intenta incorporar parte de la propia posición sobre el asunto de que se trate a la norma jurídica que ha de ser aprobada por el Parlamento. Un partido, tanto si está en el Gobierno como si está en la oposición, ha sido votado por un determinado número de ciudadanos con la finalidad de ser representados por ellos en la dirección política de la sociedad. Los ciudadanos esperan que sus representantes, tanto si están en el Gobierno como si están en la oposición, hagan lo posible para que traduzcan sus aspiraciones en actos políticos y normas jurídicas vinculantes para todos. Obviamente, si el partido por el que han votado llega al Gobierno sus aspiraciones se verán cumplidas en mayor medida que si el partido por el que han votado está en la oposición. Pero en ambos casos los ciudadanos tienen el derecho a esperar que sus representantes saquen el máximo partido al voto que ellos le han dado.

Un partido que está en la oposición tiene que intentar influir en la acción de gobierno. Ese es no sólo su derecho sino también su obligación. Ello presupone, ante todo, aceptar la legitimidad de la acción del Gobierno, por muy en desacuerdo que se esté con ella. Únicamente a partir de esta premisa se puede hacer no ya oposición eficaz, sino oposición a secas, ya que únicamente a partir de esa premisa se está aceptando el principio de legitimidad democrática del poder, en el que descansa nuestro sistema político-jurídico.

Quiero decir con ello que un estilo de oposición de enmienda a la totalidad no es solamente ineficaz, sino que es además profundamente antidemocrático, ya que deja traslucir una no aceptación de lo que han decidido los ciudadanos en las urnas. El no a todo sin matices supone no aceptar la decisión del cuerpo electoral, aunque formalmente se diga que se acepta. El programa de Gobierno que se está poniendo en práctica es el que han querido los ciudadanos mayoritariamente. Desde los partidos que representan la minoría se pueden hacer objeciones y obligar al partido de la mayoría a justificar su decisión ante la opinión pública. Pero lo que no se puede hacer es descalificar la acción de gobierno de manera absoluta y sin matices. Además de estéril, es antidemocrático.

En ésas está el PP en Andalucía no desde que empezó esta legislatura, sino desde tiempo inmemorial. Todas sus intervenciones, tanto las que se hacen en el Parlamento como las que se hacen fuera, ya que sus máximos dirigentes carecen de la condición de parlamentarios andaluces, son enmiendas a la totalidad. No hay ni una sola iniciativa gubernamental socialista a la que se conceda la presunción de legitimidad, sino que es descalificada en términos absolutos, sin examinarla pormenorizadamente con la finalidad de introducir en ella el punto de vista de los ciudadanos a los que representan.

Así les va. Acaba un curso político en el que esta manera de hacer oposición ha llegado al máximo con ocasión de la reforma del estatuto de autonomía. Ya ha pasado la mitad de la legislatura y el tiempo vuela. ¿No ha pensado nadie en el PP que en menos de dos años van a tener que presentarse ante los ciudadanos, que les va a pedir cuenta por el rendimiento que han sacado a los votos que les dieron?

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_