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Un juez absuelve a Julián Muñoz al estimar que no es delito dar una licencia en zona verde

Exculpados otros siete ex ediles del GIL, uno de ellos encarcelado por el 'caso Malaya'

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) han sido absueltos en el juzgado de lo Penal número 2 de Málaga de un delito de prevaricación urbanística. El juez ha estimado que la concesión de una licencia para viviendas en zona verde es una ilegalidad administrativa que debe solventarse en el ámbito de lo contencioso y no debe considerarse delito penal, aunque por ese mismo motivo otro juzgado de Málaga ha condenado en dos ocasiones al ex alcalde de Marbella a penas que suman año y medio de prisión.

El fiscal había solicitado una pena de año y medio de prisión para Muñoz por un delito continuado de prevaricación urbanística, ya que participó en las dos comisiones de gobierno que concedieron a la empresa Moansa la licencia de obra, en noviembre de 1996, y el posterior permiso de ejecución del proyecto básico, en diciembre de 1997, para la construcción de seis chalés sobre un suelo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente calificaba de zona verde.

Muñoz se encuentra encarcelado desde el pasado jueves imputado de malversación y cohecho por el juez que instruye el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. También está preso por su implicación en la Operación Malaya otro de los ex concejales absueltos, Rafael González.

En la sentencia, el juez reconoce que la actuación de los acusados "fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo", pero considera que se trata de una irregularidad administrativa que debe solventarse en el ámbito de lo contencioso. "No puede trasladarse al campo del derecho penal toda irregularidad administrativa porque ello nos llevaría a una exacerbación del derecho punitivo", sostiene la sentencia.

Para el juez, los juzgados de lo penal sólo deben sancionar en aquellos casos en los que una actuación administrativa además de ser ilegal sea también "injusta y arbitraria". Sólo existe delito, sostiene la sentencia, "cuando la decisión sea insoportable para la armonía del sistema jurídico y contravenga de manera flagrante, disparatada o absurda la normativa reguladora de la actividad administrativa".

Muñoz ha sido condenado en dos ocasiones por otro juzgado de lo penal de Málaga a penas que suman año y medio de prisión por el mismo motivo: aprobar licencias de obras para viviendas en suelos reservados para zonas verdes y equipamientos públicos. Una de ellas, seis meses de cárcel por el caso Banana Beach, que afectaba a 232 viviendas, ya es firme, y el ex alcalde ha pedido el indulto. La otra, el caso Proinsa, le condenó a un año de cárcel y está pendiente de recurso en la Audiencia Provincial de Málaga.

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Junto a Muñoz han sido absueltos los ex concejales Pedro Román, Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle y Juan Antonio Yagüe -hermano de la ex alcaldesa-.

Nuevas declaraciones

José María del Nido, abogado de Julián Muñoz, presentó ayer un recurso contra el auto de prisión dictado el pasado jueves por el juez.

El empresario Carlos Sánchez y su socio Andrés Liétor, en prisión desde el pasado día 10 de julio, comparecieron ayer ante el juez instructor Miguel Ángel Torres para a petición propia prestar una segunda declaración. Ambos empresarios están imputados de presunto cohecho y malversación de caudales públicos.

El granadino Carlos Sánchez, considerado por algunas fuentes como el maestro de Roca, y el murciano Andrés Liétor, son los dos socios mayoritarios de la empresa CCF21, dedicada a la compra y venta de terrenos, y que en noviembre de 2002 firmó un convenio con el Ayuntamiento marbellí por el que obtuvo una parcela municipal valorada en 1,5 millones de euros a cambio de una que apenas valía 30.000 euros. El juez Torres acusa al ex alcalde Julián Muñoz de haber percibido 150.000 euros por parte del supuesto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, tras la firma de dicho convenio con CCF21.

Los detenidos quisieron ayer ampliar detalles ante el juez sobre sus operaciones urbanísticas en Marbella. "Han aclarado algunas operaciones y conceptos oscuros respecto a su primera declaración. Además, han reiterado su inocencia y su disposición a colaborar con el juez", afirmaron fuentes de la defensa.

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