"El Ayuntamiento no nos apoyó e intentó poner trabas"

Juan Martínez Galdenao, agricultor, de 39 años, vecino de Roquetas de Mar (66.000 vecinos, Almería), buscó refugio en el cuartelillo de la Guardia Civil tras un pequeño accidente de tráfico y no salió con vida. Hoy se cumple un año de su muerte. Tras un informe preliminar de la autopsia, otro definitivo y un tercer documento aclaratorio solicitado por el fiscal, se ha establecido que los golpes que Galdeano recibió de los agentes cuando éstos intentaban reducirle fueron "concausas" de su muerte. La familia se siente olvidada por el Ayuntamiento roquetero (PP), y desea llegar cuanto antes al juicio, que está previsto para este otoño en la Audiencia de Almería.

El agricultor falleció después de que cuatro guardias civiles le redujeran por la fuerza -le tiraron al suelo y cayeron sobre su pecho- a las puertas del puesto del instituto armado de Roquetas, según la primera versión oficial de la Guardia Civil. Fue entonces cuando Martínez, que estaba esposado, comenzó a sentir síntomas de asfixia. Los agentes siempre declararon que usaron contra el agricultor "la violencia adecuada a las circunstancias".

El juicio se celebrará en otoño. El fiscal pide 10 años de prisión para el teniente Rivas

La viuda de Galdeano, Nabila Oubbab, intenta reponerse a la pérdida sufrida con el trabajo diario en un hotel de la zona, sin decir nada, sin identificarse para intentar "ignorar la situación". El portavoz de la familia y cuñado de la víctima, Leonardo Montoya, no oculta el dolor por los hechos vividos y por lo que, según él, debía haber ocurrido tras el suceso y no ocurrió. "El Ayuntamiento ha intentado ponernos trabas, ni nos ha ofrecido su apoyo ni ha hecho nada. No han condenado los hechos y se han quitado de en medio. Mientras, mi mujer está en tratamiento psiquiátrico porque ahora llega el momento de recordar", explica. Para los familiares del agricultor desaparecido, el hecho de que la aclaración de la autopsia revelase que el consumo de drogas por parte de la víctima pudo "influir" en el resultado final de su muerte fue, igualmente, uno de los momentos más duros en estos últimos meses. "¿Y todos los palos que le dieron? ¿De eso no hablan los forenses?, del uso de la porra eléctrica antirreglamentaria, del spray paralizante. Creo que todos vamos a tener la oportunidad de ver lo que ocurrió visionando la cinta", indica Montoya.

El ministerio fiscal solicitó en su escrito de conclusiones provisionales una pena de 10 años de prisión para el teniente José Manuel Rivas por los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente. La fiscalía pide para cada uno de los otros siete guardias civiles supuestamente involucrados en los hechos -a excepción del imputado Antonio García Ruiz, de quien pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones- dos años y seis meses por el delito de homicidio imprudente, dos años por atentado grave contra la integridad moral y tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones.

En el auto de apertura de juicio oral, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, Estefanía López, ratificó la situación de libertad provisional de los agentes imputados que, actualmente, continúan de baja y en terapia psicológica a excepción del agente en prácticas José Raúl Acuyo Escudero y del teniente, que está ya en activo pero en otro destino. La defensa de los agentes, Gustavo Arduán, asegura que éstos siguen apesadumbrados por los acontecimientos y "sorprendidos por las fuerzas extraprocesales" y la influencia que, a su juicio, ejercen en las actuaciones. "Los agentes sólo piden que se respete el derecho a la defensa y su presunción de inocencia. Ellos han solicitado la incorporación de un informe de unos catedráticos de medicina y el fiscal se ha opuesto. Con ese informe sólo queríamos remachar la opinión de los forenses", señala el abogado.

La familia celebrará hoy una misa en recuerdo del agricultor para continuar con la espera del día "en que se haga justicia", remacha Montoya. Ese momento llegará, previsiblemente, bien entrado el otoño ante tres magistrados de la Audiencia Provincial.

La acusación particular en representación de la familia pide que se condene a todos los acusados a indemnizar de forma solidaria a la viuda y al hijo del fallecido en la cantidad de un millón de euros a cada uno de ellos, declarando la responsabilidad subsidiaria de la Administración del Estado.

El abogado de la familia de Galdeano, José Ramón Cantalejo, pide diez años de prisión para el teniente Rivas y para el agente Moreno como presuntos autores de un delito de homicidio. Además de la pena por un delito de homicidio, pide para el teniente dos años de prisión por un delito contra la integridad moral y otros dos por omisión del deber de socorro. En el caso del agente Moreno, solicita, aparte de los diez años por homicidio, un año de prisión como cómplice por el delito contra la integridad moral de las personas. Para los otros seis guardias demanda en su escrito de acusación seis meses de prisión como cómplices del delito contra la integridad moral, y exculpa de todos los delitos al funcionario en prácticas.