Laporta acata y convoca elecciones

Los socios del Barcelona elegirán presidente el próximo 9 o 10 de septiembre, casi un año antes de lo que estaba previsto. Así lo decidió ayer la junta directiva del club azulgrana en cumplimiento de un fallo judicial dado a conocer el pasado miércoles. La directiva que preside Joan Laporta acató el veredicto del juez Roberto García, según el cual se condena al club a "abrir un proceso electoral para la renovación de la junta directiva de forma inmediata". La directiva en pleno dimitirá el próximo miércoles y dejará paso a una comisión gestora que será presidida por Xavier Sala Martín, presidente de la comisión económica del club.

El veredicto del juez responde a la demanda presentada por un socio azulgrana, Joan March Torné, al considerar que la celebración de elecciones en 2007, tal y como pretendía la junta de Laporta, incumpliría los estatutos del club. La situación creada ha provocado una inesperada crisis en una entidad que se ha recuperado tanto deportiva como económicamente: ha ganado las dos últimas Ligas y la última Copa de Europa y ha pasado de una deuda que llegó a ser de 180 millones de euros y unas pérdidas anuales de 55 millones en 2003, a tener superávit y un presupuesto que este curso rondará los 300 millones, el doble del que tenía cuando Laporta asumió la presidencia.

Una cuestión meramente legal -prácticamente nadie discute ni la legitimidad ni el balance satisfactorio del mandato de Laporta-, es lo que ha venido a perturbar la calma en el Camp Nou. La junta se empeña en apelar al espíritu de la ley -Laporta anunció que el club apelará la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona-, frente a la estricta lectura de los estatutos del club, que determinan que se cuenta como un año de mandato el periodo previo al 30 de junio, aunque sea sólo de ocho días como sucede en este caso: Laporta tomó posesión del cargo el 22 de junio de 2003. La junta sostiene la tesis de que las elecciones debían celebrarse en junio de 2007. Ni la opinión de su anterior responsable jurídico -Toni Freixas, que dimitió junto a otros directivos adeptos al ex vicepresidente Sandro Rosell- ni los dictámenes del Tribunal Català de L'Esport (TCE) en el sentido de que los estatutos del club contabilizaban aquellos pocos días como un año de ejercicio y, por tanto, las elecciones debían celebrarse en 2006, sirvieron para que la directiva de Laporta rectificara. Al contrario, el club contrató los servicios del prestigioso bufete de Miquel Roca i Junyent y se mantuvo en sus trece. El pulso se mantuvo hasta que el pasado miércoles se produjo la sentencia judicial.

El revés legal ha dado la razón a varios socios y también a varios de los rivales de Laporta en las últimas elecciones. Sin embargo, empieza a dejarse sentir la opinión de muchos socios que consideran que es un error que se celebren ahora los comicios. Laporta anunció que se presentará a la reelección - "Estamos más fuertes y con más ilusión que nunca; nuestro proyecto es bueno y debe tener continuidad"- y la junta ha dejado entrever que la batalla legal, que en principio ha perdido, ha sido orquestada por sectores afines al ex presidente Josep Lluís Núñez. "Nos cuesta entender esta situación: es extrema y extraña. Pero no la hemos provocado nosotros, sino unos socios, en el mejor momento del Barça", lamentó Laporta.