Ciudadanos a oscuras
Durante la última semana, varias ciudades españolas se han visto reducidas a un nivel de servicios tercermundista debido a una cadena de apagones eléctricos. El más llamativo ha sido el incendio de una subestación eléctrica en Madrid, que dejó sin luz a más de 200.000 vecinos durante horas, en algún caso días. A partir de ese momento, el caos: muchas familias y no pocos comercios se quedaron interminablemente a oscuras, el hospital Clínico suspendió operaciones y pruebas diagnósticas y muchos programas informáticos de empresas quedaron dañados. Con ser malas, no son las peores noticias, porque los incendios eléctricos suelen repetirse con tal frecuencia que sugiere simplemente desidia de las empresas.
El diagnóstico de estos apagones se conoce. Las instalaciones transformadoras suelen sobrecargarse durante las puntas de demanda; el sobrecalentamiento podría evitarse con más inversiones para aumentar y mejorar las redes de transporte de electricidad; pero las compañías se escudan en la escasa retribución de las actividades de transporte eléctrico que reconoce la tarifa para justificar las deficiencias de cableado en la red de baja tensión. Y están en lo cierto. Una de las tareas pendientes del Gobierno es modificar la tarifa para incentivar las inversiones en distribución eléctrica.
Pero esta circunstancia no exime a las empresas de su responsabilidad en el caos. Los apagones en Madrid se han gestionado con una negligencia incalificable. Cunde la sospecha de que las empresas trasladen a los consumidores el coste de la anomalía tarifaria, para presionar al Gobierno, pero conviene recordar que consiguen cuantiosos beneficios gracias precisamente a la tarifa y a la persistencia de mercados cautivos en la práctica. Las administraciones públicas no pueden permitir que la calidad de vida en España se degrade hasta los extremos registrados en los últimos días, de forma que las compañías responsables tienen que ser castigadas con todo el peso de la ley. Además, convendría incentivar las reclamaciones penales por daños y perjuicios.
