Guadalajara
El incendio de Guadalajara, del que se ha cumplido un año en estas fechas, será recordado no sólo por la tragedia humana que provocó -11 muertos del retén forestal que intentó sofocarlo-, sino por haber dado paso a un cambio drástico en los hábitos sociales sobre el uso del fuego en espacios abiertos y, en general, en el campo. Hoy, hacer una paella en el campo o encender una barbacoa en cielo abierto prácticamente ha pasado a la historia. Y no sólo porque fue prohibido -fue una de las primeras disposiciones tras aquel suceso, aunque ahora ha quedado en manos de las autonomías-, sino porque la sociedad ha asumido esa conducta como una contribución natural a la conservación del medio ambiente en un país tan seco como España.
El incendio de Guadalajara será también recordado por su inmediata y extrema politización. Un extremo éste que, sin embargo, se ha evitado en la reciente tragedia de la línea 1 del metro de Valencia, que seguramente no habría ocurrido de haberse instalado en su momento una baliza de frenado automático, como ahora ha hecho, aunque con evidente retraso, el Ejecutivo autónomo. Un año después, y con ocasión del funeral celebrado en recuerdo de las víctimas del retén abrasadas, los familiares han tenido ocasión de expresar al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, su deseo de que no se instrumentalice políticamente la tragedia. ¿Pero no es incidir en esa instrumentalización sugerir que hay causas para pensar que el incendio no fue un accidente, como se señala en el vídeo presentado por el PP en el aniversario de la catástrofe? ¿Si no fue un accidente, qué fue entonces? Dejar caer esas insinuaciones no deja de ser una temeridad cuando siguen abiertas las investigaciones y los tribunales no han dicho su última palabra.
Éste es un aspecto -la investigación judicial- que preocupa hondamente a los familiares de las víctimas. El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha señalado que "el trabajo de los jueces y fiscales que llevan estas diligencias es ímprobo", pero quizá ello no baste para borrar la sensación de que la fiscalía no actúa con la diligencia exigible o que la Junta de Castilla-La Mancha no colabora suficientemente con la justicia. Un pronunciamiento judicial lo más rápido posible, dentro de las exigencias de la investigación, es fundamental para cerrar las secuelas de la tragedia.
El retraso en la puesta en práctica del conjunto de medidas económicas o de otro tipo aprobadas por el Gobierno es otro de los aspectos preocupantes un año después. El fuego de Guadalajara no sólo causó 11 víctimas mortales -el más grave de los cuatro o cinco últimos lustros-, sino que privó de su medio de vida a los habitantes de la zona siniestrada. Que pasado tanto tiempo siga habiendo en la zona una cierta sensación de desamparo debería causar desasosiego, y mucho, tanto al Gobierno de Zapatero como al de Castilla-La Mancha.
