El Gobierno vasco amplía las ayudas para los viajes de familiares de presos

El Gobierno vasco, que preside Juan José Ibarretxe, ha ampliado a 204.000 euros la partida destinada a subvencionar los viajes que los familiares de presos, la mayoría de ETA, realicen a prisiones del País Vasco, del resto de España y de cualquier otro país en el que se encuentren recluidos, mayoritariamente en Francia. En 2005 la partida fue de 197.420 euros, de los que sólo se gastaron 99.713.

Las ayudas para los familiares de presos etarras han sido muy contestadas desde las filas del PP y del PSE. La última vez fue el pasado mes de junio en el Parlamento vasco. Estos dos partidos unieron sus votos durante el debate de la iniciativa, que finalmente contó con los votos del tripartito (PNV, EA, EB), además de los de EHAK y Aralar.

El decreto aprobado ayer se ha adaptado a los criterios del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anuló una orden similar de 2003 al considerar que invadía las competencias en materia penitenciaria que ostenta la administración central. A partir de ahora, la nueva normativa sitúa estas subvenciones en el campo de la asistencia social y no en el penitenciario y será la dirección de Familia del Gobierno vasco la que se encargue de tramitar las solicitudes y de conceder las ayudas.

La condición para convertirse en beneficiario es que los ingresos no superen tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 1.893,13 euros mensuales, prorrateando las 14 pagas anuales de 540,9 euros.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, dijo ayer que el decreto no tendría ninguna razón de ser "si el Gobierno de España cumpliera la legalidad y pusiera fin al castigo injusto que está infligiendo a los familiares de los presos con su política de alejamiento".

Las ayudas tienen ahora un carácter más general y estarán disponibles para familiares de presos penados o preventivos con independencia del delito cometido o imputado, y cubrirán todo tipo de desplazamientos. Desde los viajes dentro de Euskadi, siempre que el familiar tenga que trasladarse de una a otra provincia, hasta las visitas a familiares recluidos en otros países, pasando por los viajes a cualquier cárcel de España. Azkárraga apostó porque el decreto tenga una vida efímera "porque significaría que el Gobierno del PSOE rectifica esta política injusta que se sitúa fuera de los límites del Estado de Derecho".