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Editorial:

Agitación en México

Si no se impone el sentido común, a México le esperan semanas de agitación antes de que el Tribunal Federal Electoral se pronuncie inapelablemente -el 6 de septiembre es la fecha límite- sobre la validez del resultado que ha otorgado la victoria en las elecciones presidenciales al candidato conservador, Felipe Calderón, y que impugna, también en la calle, su rival centroizquierdista, Andrés Manuel López Obrador.

El derrotado candidato populista tiene todo el derecho a disputar los resultados de unos comicios tan ajustados. Pero ese trabajo corresponde a un tribunal especial de siete jueces, con amplios poderes y sin dependencias partidistas o gubernamentales conocidas. Pretender trasladar la reivindicación a la calle, manteniendo en estado de agitación a centenares de miles de personas, es una política irresponsable. No sólo porque hay una clara presunción de validez en los comicios ganados por Calderón, y los jueces tendrían que hallar indicios extraordinarios de manipulación para declarar inválida la elección del 2 de julio. También, y más importante, porque las protestas y manifestaciones pacíficas desarrolladas hasta ahora por los seguidores de Obrador -la última, masiva, el domingo en la capital federal- podrían torcerse en cualquier momento. El artificial antagonismo a ultranza entre ambos dirigentes, que comienza a adueñarse de las calles, conduce exclusivamente al enfrentamiento.

México necesita por encima de todo un líder con un mandato fuerte que impulse su incipiente transición democrática y las imprescindibles y muy serias reformas políticas y económicas pendientes. Que la decisión final sobre quién sea éste deba adoptarla un tribunal electoral no es lo ideal, pero sólo refleja los inusitadamente apretados resultados del 2 de julio. Resultados, sin embargo, que los representantes de López Obrador firmaron en muchos de los colegios electorales cuyo recuento ahora impugna el ex alcalde de la capital mexicana.

A la postre, el punto muerto actual muestra el progreso hecho por las instituciones de un país en el que a lo largo de buena parte del siglo pasado se manipularon de forma bochornosa sus elecciones en favor del partido con el monopolio del poder. México se enfrenta estos días a un problema no muy diferente en su origen al que afrontó el año 2000 Estados Unidos, su vecino imperial. Y en algunos aspectos decisivos ha hecho reformas electorales que deberían ser vistas con envidia en la todavía confusa jungla de las presidenciales estadounidenses. En los países con instituciones solventes de arbitraje, las elecciones no se ganan en la calle.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de julio de 2006