Marlaska aspira a ser candidato a vocal del Poder Judicial

El juez Fernando Grande-Marlaska, que hasta hace unos días sustituía a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y ahora permanece adscrito a la Sala de lo Penal de ese tribunal, anunció ayer que tiene la intención de convertirse en candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial en el proceso de renovación del órgano, que acaba de comenzar. Marlaska se presentará como candidato independiente, por lo que necesitará el aval de 85 jueces o magistrados en servicio activo que no sean miembros de ninguna asociación, según las normas para la renovación del Consejo aprobadas el martes por las Mesas del Congreso y el Senado.

Esas normas recogen el número de candidatos que podrán presentar las diferentes asociaciones en función de su número de asociados. La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) propondrá a 10 nombres. Le siguen la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y la moderada Francisco de Vitoria, con cuatro candidatos cada una. El Foro Judicial Independiente, la nueva asociación fundada por Agustín Azparren, vocal de consenso propuesto por PSOE y PP, se estrena en la elección de nuevos consejeros con la proposición de un nombre. Cada una de las asociaciones los seleccionará en sus comicios internos.

El resto de los candidatos hasta los 36 que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se seleccionarán entre los no asociados -como Marlaska- que consigan el aval de 85 jueces que tampoco sean miembros de ninguna de las asociaciones (la mayoría en la carrera judicial).

De entre esos 36 candidatos de extracción judicial, el Congreso y el Senado elegirán a 12. Para los ocho restantes ambas cámaras tienen libertad absoluta de elección entre juristas de reconocido prestigio (abogados, notarios, fiscales, profesores universitarios) con más de 15 años de ejercicio. Los nuevos vocales necesitan el apoyo de tres quintos de los miembros de las cámaras.

El hecho de que el Consejo sea uno de los últimos órganos constitucionales nombrados bajo la mayoría absoluta del PP y la ausencia de una mayoría parlamentaria suficiente de los partidos que apoyan al actual Gobierno, retrasará la renovación. Ambas formaciones están obligadas a pactar los nuevos vocales en unas negociaciones de las que el principal partido de la oposición tiene la llave. PSOE, ERC e IU suman en el Congreso 177 diputados de los 210 necesarios para los nombramientos, mientras que en el Senado, el PP es la fuerza más representada.