Reflexión inoportuna sobre la ciencia en España

En los últimos 10 años, los equipos que gobiernan la ciencia en España han ido sucediéndose a velocidad vertiginosa con una media de vida en activo de alrededor de dos años. Cada cambio ha supuesto a menudo un recambio de equipos completos, de proyectos y orientaciones. Es posible que algo parecido ocurra en otros dominios de la política española aunque, por suerte, hay cuestiones como las económicas o las laborales en las que aparentemente ha habido un grado notable de continuidad. No ocurre lo mismo con la política científica y ello es una mala señal de la importancia que ocupa en las prioridades de nuestros políticos. El resultado no puede ser sin duda positivo en un campo donde los efectos de las decisiones aparecen siempre a largo plazo. Tal como están yendo las cosas en los últimos años, se produce un sentimiento de que se está desaprovechando una ocasión de oro para construir un sistema sólido de ciencia y tecnología en nuestro país que, todos parecen estar de acuerdo, es uno de los pilares esenciales para el futuro de una sociedad avanzada como la nuestra.

Si comenzamos hace 10 años, durante el periodo de gobierno del Partido Popular hubo cinco ministros que se ocuparon de la investigación científica. Se comenzó con un Ministerio de Educación y Ciencia (dos ministros) y se terminó con un Ministerio de Ciencia y Tecnología (tres ministros). Con el actual Gobierno socialista se volvió al Ministerio de Educación y Ciencia y este año ya se ha producido un cambio en su titular. Pero no todo queda en los ministros. En cuanto a estructuras de coordinación se pasó de la CICYT a la OCYT y luego a la FECYT. Ahora se habla de la ANECYT, que quizá conviviría con alguna de las anteriores estructuras. Y, buscando otros ejemplos, en los últimos tres años ha habido cinco vicepresidentes de organización del CSIC. Si uno vive en Cataluña, probablemente durante el año 2006 habremos tenido cuatro consejeros que se ocupan de las universidades y la investigación. Se habrá comenzado el año con un Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, se ha pasado hace poco a un Departamento de Educación y Universidades, y veremos qué pasa tras las próximas elecciones.

Los equipos que han ido sucediéndose en las administraciones de la investigación científica han estado formados, con alguna excepción pintoresca, por personas con la mejor voluntad posible, dedicadas al tema y que han empleado días enteros a tratar de solucionar los problemas que tenían delante. Sin embargo, muchos llegaron a sus cargos con la misión (incluso dentro del mismo Gobierno) de rectificar lo que su antecesor había hecho y que se consideraba erróneo, o simplemente tenían ideas diferentes del equipo anterior y se sentían con la obligación de aplicarlas. El hecho final es que han ido cambiando los equipos de forma vertiginosa y el día a día se ha ido comiendo el tiempo de quienes los formaban. Los escalones inferiores a menudo han ido variando a la misma velocidad o han tenido que tomar responsabilidades que no les correspondían o han ido encerrándose en una inacción conservadora. En cualquier caso, es difícil que en estas circunstancias alguien tome decisiones a largo plazo, y si se toman, no es posible completar un programa en el corto periodo de meses o como máximo de dos años. Mucho más difícil es sin duda tratar de evaluar los efectos de alguna decisión y modularla en tan poco tiempo.

La situación es especialmente trascendental en este momento. Nuestro sistema de I+D está en construcción y en crecimiento. Es cierto que se está poniendo más dinero tanto público como privado al sistema. Ello quiere decir que la situación es muy favorable para actuar sobre él, pero al mismo tiempo el conjunto es especialmente vulnerable. Existen desequilibrios que hay que resolver si se quiere que nuestra investigación llegue a los mejores niveles de la ciencia internacional y que al mismo tiempo contribuya a desarrollar en nuestro país el tipo de economía que permita mantenerse en los tiempos que se avecinan. Los efectos perversos de la faltade políticas a largo plazo se ven en campos donde competimos con otros países. En Europa, por ejemplo, nuestros retornos de los proyectos de investigación comunitarios han disminuido de forma significativa en los últimos años. La falta de una capacidad de influencia en Europa y de construir estructuras que ayuden a los equipos en un entorno europeo ha disminuido la capacidad de éstos para competir cuando más falta hace.

Las decisiones que hay que ir tomando en este tiempo son clave para el futuro. Por ejemplo, el tipo de personal que va a llevar a cabo la investigación en nuestro país. ¿Se trata de personal contratado por universidades, personal contratado por centros de investigación o funcionarios docentes de las universidades o investigadores de organismos como el CSIC? De forma continuada aparecen en los medios de comunicación quejas de los investigadores que volvieron a España gracias al programa Ramón y Cajal. Se trata sin duda de un programa que ha representado un aporte extraordinario para nuestro país. Gracias a él hemos incorporado centenares de jóvenes científicos que se han formado en otros países y que vuelven en el mejor momento de sus carreras. Pero muchos se preguntan para qué han venido. Se han encontrado con la necesidad de formar equipos, de pedir proyectos en un entorno a veces hostil o acogedor, pero siempre cambiante e incomprensible y con la incertidumbre del futuro. Programas como el I3 propuesto por el Ministerio que es una solución muy interesante son de gestión difícil, no llegan a todos y se han vuelto asimismo incomprensibles. Mientras tanto, el dinero que ha llegado para personal se emplea a menudo por las vías usuales del funcionariado con los mecanismos de siempre. Y año tras otro, el tiempo va pasando y la situación general de nuestro país cambia. Al ver el bloqueo de la situación, las nuevas generaciones que llegan a la Universidad son más reacias a emprender la aventura de una carrera científica, y ya no digamos el camino del doctorado o de la salida al extranjero. Una vez más, parece como si estuviéramos desaprovechando una situación excepcional.

Aparte del personal, podríamos hablar del tipo de centros que se desea construir, cómo se organizan las infraestructuras, cuáles son las prioridades que queremos ver en marcha en el próximo futuro o cuál es la función del Estado central y la de las autonomías. En términos más generales, nuestro país debería plantearse también cuál es la función de la ciencia, cuál es el impacto que queremos ver de las nuevas tecnologías en nuestra economía, pero también en nuestra sociedad. La falta de visión a largo plazo crea desorientación en los actores de la investigación, es un despilfarro de esfuerzos e impide la construcción de un sistema sólido que nos permita afrontar el futuro científico y tecnológico con garantías de éxito. Existe sin duda un déficit de proyecto político para la ciencia por parte de los partidos con posibilidades de gobernar en nuestro país.

Soluciones se han apuntado varias. Desde la comunidad científica se ha propuesto un Pacto de Estado para la Ciencia. Sería sin duda un objetivo político de primera magnitud y un éxito para los políticos de todos los colores que participaran en él. Por desgracia, no parece que la situación política en este momento esté para pactos, incluso en materias como en las que es probable que haya una coincidencia de objetivos entre los partidos políticos. Hay sobre la mesa reflexiones desde diversas perspectivas como la elaborada por la COSCE y diversas versiones de nuevas leyes de la ciencia del Estado central que sustituiría a la de 1985 y de distintas comunidades autonómicas. Hay ahí una oportunidad para identificar las decisiones que se necesitan a largo plazo en un entorno de pacto entre administraciones. Hay también una Ley de Agencias en el Parlamento que incluye la posibilidad de que el CSIC y quizá una parte importante de la gestión de la ciencia española se conviertan en agencia. Éstas son también oportunidades para reflexionar y buscar soluciones. Ya sea un pacto de Estado, una agencia, un consejo en que participen Estado y autonomías, cualquier solución sería buena para buscar un espacio donde se pudiera reflexionar y hacer propuestas a largo plazo sobre el tipo de investigación científica que queremos para nuestro país. Es posible que sea algo utópico o inoportuno, pero quizá haya que volver a recordar el viejo eslogan del 68: "Sed realistas, pedid lo imposible".

Pere Puigdomènech, Laboratorio de Genética Molecular Vegetal CSIC-IRTA.