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El fiscal del 'caso Ollero' dice que los acusados cobrarón más comisiones

La defensa alega la ilicitud de todas las pruebas

El segundo juicio del caso Ollero, sobre el presunto pago de una comisión por la adjudicación de una obra, quedó visto para sentencia. El fiscal aseguró que los cuatro acusados cobraron más de una comisión. La defensa alegó la ilicitud de todas las pruebas acusatorias. Los cuatro acusados proclamaron su inocencia en la sexta y última sesión del juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

El juicio del caso Ollero se ha repetido porque el Tribunal Constitucional anuló las escuchas telefónicas en las que se basó la primera condena, emitida en 1999.

Durante la instrucción de la causa, el fiscal cifró la comisión percibida en 306.516 euros (51 millones de pesetas) por una obra de 16.828.338 euros (2.862 millones de pesetas) entre Salinas (Málaga) y Pedrizas (Granada), por lo que pidió dos años de suspensión para Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta, por revelación de secretos, y tres meses de arresto para su hermano Jorge, que fue detenido en 1992 con un maletín con 132.222 euros (22 millones de pesetas) fruto de la supuesta comisión.

Además, solicitó 28 y 26 meses de prisión para J.R.B. y L.N.M., ex presidente y ex director financiero de la constructora Ocisa, acusados de falsedad en documento mercantil y cohecho.

El fiscal Miguel Benito aseguró al tribunal que ésta no fue la única comisión cobrada por los imputados ni la primera que recibieron de Ocisa, aunque reconoció que no ha podido demostrar para quién más eran esos cobros ilegales.

Los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes y aseguraron que la "contaminación de las pruebas", como consecuencia de la ilicitud de los "pinchazos", es "directa, clamorosa y contundente".

Francisco Baena Bocanegra, que defiende a los dos directivos de Ocisa, destacó que la primera confesión policial del intermediario Pedro Llach (fallecido en 1998), principal prueba del fiscal en este juicio, se produjo después de tenerlo ocho horas y media el primer día y tres horas el segundo escuchando las conversaciones intervenidas.

También declaró ayer un perito calígrafo que confirmó que es falsa la firma de Llach que aparece en una factura por "asesoramiento técnico en la adjudicación de obras", y por importe de 16 millones de pesetas que los directivos de Ocisa aportaron al juzgado cuando les tomó declaración en 1992.

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