Los funcionarios podrán prejubilarse, según su nuevo estatuto

La jubilación voluntaria antes de tiempo será una posibilidad para los empleados públicos a partir de la próxima primavera. El Estatuto de la Función Pública, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, recoge esta idea, aunque "con carácter excepcional". El texto regula por primera vez los derechos y deberes de casi 2,5 millones de funcionarios y supedita la permanencia en el cargo al buen desempeño del trabajo.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, no renuncia a su plan de prejubilaciones para funcionarios. Con la idea de que hay puestos en los que es necesario rejuvenecer la plantilla, Sevilla ha incluido a última hora en el Estatuto de la Función Pública un artículo, el 67, que abre la puerta a desarrollar esas prejubilaciones en algunos casos: "Con carácter excepcional y en el marco de planificación de recursos humanos, se podrán establecer condiciones especiales de jubilación voluntaria", reza el texto, pactado con los sindicatos mayoritarios de la función pública (UGT, CC OO y CSIF).

Hasta ahora los funcionarios no tenían reconocido el derecho de jubilarse antes de tiempo. Podían recurrir, como cualquier trabajador, al retiro anticipado, con merma en la pensión. Reflejarlo en el estatuto implica que se pueden establecer condiciones especiales para los departamentos donde se considere conveniente rejuvenecer a la plantilla. Sevilla planteó hace un año un plan para 25.000 funcionarios mayores de 52 años, contestado por el Ministerio de Economía.

El texto que aprobó ayer el Consejo de Ministros estará en vigor la próxima primavera. Se trata de una demanda histórica de los sindicatos que hasta ahora no se había satisfecho. El estatuto permite tomar el desempeño del funcionario como base para decidir si continúa en ese puesto o se va a otro. "Que el mérito y la capacidad no sean sólo requisitos que permiten entrar en la Administración, sino también hacer carrera en ella", explicó Sevilla tras la reunión del Consejo.

Evaluación periódica

Ese requisito se garantizará mediante una evaluación periódica a la que serán sometidos los funcionarios en su puesto de trabajo. Podrán ser ascendidos o degradados, aunque no perderán la plaza fija; simplemente quedarán relegados a otras labores.

Para dotar de más atractivo determinados cargos de la Administración, el estatuto crea la figura del personal directivo. El objetivo es ofrecer mejores condiciones (también salariales) a altos cargos para evitar que huyan a la empresa privada.

El estatuto trata también de poner freno a uno de los problemas que más se han acentuado en la función pública en los últimos años: la temporalidad. El compromiso es reducirla por debajo del 10% en un plazo entre cuatro y cinco años. "Es la primera vez que se adopta un compromiso de este tipo", subrayó el ministro.

Uno de los logros más celebrados por los sindicatos es la negociación colectiva, de la que disfrutarán por primera vez los funcionarios. Podrán negociar salarios y condiciones laborales, aunque en caso de desacuerdo decidirá la Administración.

Sevilla valoró que el estatuto permita homogeneizar las condiciones del empleo público en toda España, aunque cada comunidad deberá ahora desarrollar sus propios estatutos. El texto fija unas condiciones salariales básicas, que las administraciones autonómicas podrán mejorar.

El estatuto reconoce a los funcionarios el derecho de conciliar la vida laboral y familiar y se incorporan las principales novedades del Plan Concilia, entre ellas el permiso de paternidad y las excedencias.