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El Ayuntamiento de Valencia deberá pagar un millón de euros por permitir el derribo ilegal de una finca

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a pagar una indemnización de 954.942 euros, más intereses legales, a los inquilinos de una finca que fue "indebidamente" declarada "ruina inminente" por el consistorio. Así lo asegura otra sentencia fechada el 3 de noviembre de 1997.

El juzgado considera al Gobierno local responsable de los "gastos materiales" y "daños físicos y morales" derivados del citado derribo y causados a los antiguos vecinos del edificio (cinco residentes y la empresa Proto-Jalias S.L.), que estaba situado en la Gran Vía Ramón y Cajal, 33.

La indemnización relativa a los gastos estrictamente materiales comprende los conceptos de traslado, rotura, sustitución de mueble e instalación de servicios de agua, luz y electricidad, entre otros.

"La negligencia de Barberá obligará a los ciudadanos a abonar un millón de euros de sus bolsillos", afirmó Rubió, quien se preguntó si la alcaldesa asumiría alguna responsabilidad política por lo sucedido.

Según el líder socialista, los vecinos se personaron en el Ayuntamiento, tras la declaración municipal, para desmentir que el estado de la finca pudiera calificarse de "ruina inminente", tal y como se estableció. El portavoz recordó que la medida consistorial provocó la indignación de los inquilinos y que uno de ellos, siempre según la versión de Rubio, afirmó que había una relación de "connivencia" entre Barberá y la entonces propietaria del inmueble, Concepción Corell.

"Lo único que tenía el edificio era una grieta que podía haberse reparado con 3.000 euros", aseguró Rubio apoyándose en la valoración pericial que el juzgado hizo en su momento del desperfecto y en la que se basó el fallo de 1997. Para entonces, sin embargo, el edificio ya había desaparecido. En su lugar, se construyó un bloque de viviendas con un piso más de altura.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, criticó al portavoz por utilizar "suposiciones" para atacar a Barberá y aseguró que quien decide si un edificio está o no en ruinas son los técnicos y no la alcaldesa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de julio de 2006