Un informe municipal revela que en El Puerto hay entre 3.500 y 5.000 viviendas ilegales

El término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz) acumula entre 3.500 y 5.000 viviendas ilegales. En los últimos tres años, en algunos de los 39 terrenos considerados como no urbanizables, se ha duplicado el número de construcciones sin licencia. El Consistorio no aplica medidas de control suficientes para hacer cumplir la norma urbanística y se desentiende de los procedimientos incoados contra estas actuaciones. Éstas son las primeras conclusiones que se desprenden del informe de la comisión municipal de investigación creada por el Ayuntamiento.

Estos datos constan bajo el epígrafe "hechos constatados" en el informe emitido por una Comisión Municipal de investigación sobre el desarrollo de obras irregulares, creada por iniciativa del pleno del Ayuntamiento el pasado otoño, y en el que participan los grupos con representación municipal; Independientes Portuenses (10 concejales), PP (8), PSOE (4) e IU (3). La Comisión aún deberá emitir en las próximas semanas otros dos informes, de "conclusiones" y de "recomendaciones".

El primero de los documentos presentados aporta datos significativos. Por ejemplo, el Ayuntamiento portuense no dispone de ningún mecanismo de control sistemático de las viviendas ilegales. Según el estudio, las denuncias que se han registrado proceden, en su mayor parte, de ciudadanos, la Oficina del Catastro o la Guardia Forestal y asegura que "no existe una inspección rutinaria dirigida desde el área de Urbanismo" y que los "servicios municipales de Licencias y Disciplina actúan únicamente cuando reciben denuncias".

De esta forma, el consistorio elude una de las responsabilidades establecidas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que confiere a los ayuntamientos, según recuerda el informe, "una función inspectora que los municipios deben desarrollar".

Además, el documento concluye que el consistorio no ha inscrito en el Registro de la Propiedad los expedientes sancionadores abiertos y no se ha personado como acusación en los casos en los que los constructores han roto el precinto de paralización de obra de la Policía.

La comisión ha conocido que, en los últimos diez años, el Ayuntamiento no ha acometido "ninguna demolición significativa" de obra ilegal, a pesar de que la medida "pudiera haber tenido un indudable efecto ejemplarizante".

Desde el punto de vista social, el informe señala que el crecimiento de viviendas ilegales ha sido superior al demográfico de las zonas estudiadas, lo que, según los redactores, demuestra que El Puerto se ha consolidado en los últimos años como destino de segundas residencias irregulares. Esta política ha tenido "múltiples impactos". Entre ellos, la "contaminación de acuíferos, al carecer de sistemas de saneamiento y sustituirlo por pozos negros de características elementales".

Por otra parte, el desarrollo desordenado ha provocado "la falta de reservas para equipamientos colectivos", en referencia a viales, centros educativos, sanitarios o deportivos. Por último, destaca que la "extensión excesiva de la ciudad" supone "un importante encarecimiento de la gestión de las infraestructuras, que se financian con los recursos colectivos e impuestos de todos los ciudadanos".

La comisión se queja de que, "a pesar de haber sido solicitado, no ha sido posible obtener un informe claro sobre el número de expedientes por edificaciones ilegales. Sí constata un hecho singular: que el Ayuntamiento "ha autorizado suministros de agua y energía eléctrica, aludiendo a razones de salubridad e higiene, con independencia del carácter de primera o segunda residencia de la vivienda ilegal y de los signos suntuarios de la misma".

Según la comisión, estas prácticas fueron realizadas a pesar de la oposición de los técnicos del propio Ayuntamiento, quienes sugirieron que, "bajo ningún concepto, se suministrara agua y luz sin cumplir los requisitos legales".