La abogacía española, ¿adónde va?

"Si cada preocupación es una arruga, quítate arrugas. Consulta a tu Abogado". Así lo proclama nuestro Consejo General de la Abogacía Española, en su reciente campaña de comunicación destinada a recordar a las personas mayores sus derechos. Sin embargo, nuestros gestores parecen desconocer que hoy, es la propia cara de la Abogacía Española la que está, más que nunca, llena de arrugas; precisamente por la preocupación que nos produce la inquietud ante un presente, ya para muchos, y ante un futuro lleno de sombras, en lo referente a nuestra protección social y la de nuestras familias. Y también, por la preocupación que nos embarga, cuando observamos cómo nuestra profesión se desnaturaliza progresivamente, por efecto de esa mancha de aceite poderosa que constituyen los grandes despachos de abogados, y que va anegando implacablemente nuestras pequeñas y ...¿románticas?; sí, por qué no, islas de independencia.

Grandes despachos, aliados con los gestores de nuestra Mutua llevan una soterrada batalla contra la mayoría de abogados

Desde diciembre del año pasado hasta hoy, he tenido la oportunidad de conocer de cerca la realidad sociológica de nuestro colectivo, gracias a la confianza que muchos compañeros/as han tenido al plantearme sus situaciones personales y familiares. Y tengo que decir que mi preocupación es muy grande, al conocer en detalle la situación general de grave carencia de protección social, en que se encuentran la mayor parte de las personas que ejercemos esta profesión, paradójicamente, dedicadas a la defensa de los derechos de los demás. Los órganos rectores de la Abogacía Española; los Colegios de Abogados y los gestores de nuestra Mutualidad especialmente, se negaron a posibilitar un sistema de protección social integral para la abogacía, concebido no en términos competitivos o alternativos entre la Mutualidad y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); sino sobre la base de la complementariedad, empujando a la inmensa mayoría de compañeros hacia un sistema de alternancia, que ha acabado convirtiéndose en una verdadera trampa para los más débiles (la mayoría), encadenándolos de por vida a su trabajo para sobrevivir, ante la insuficiencia de las prestaciones privadas.

Y así hoy es patente en nuestro colectivo profesional la preocupación, el miedo al desamparo y el desencanto, por no emplear palabras más duras que se pueden escuchar todos los días en cualquier pasillo o antesala judicial. Preocupación por nuestros mayores, sí, por supuesto; pero también coherencia; empecemos por preocuparnos por nuestros mayores, nuestras viudas y viudos, nuestros huérfanos e incapacitados, y trabajemos desde arriba y desde abajo para no volver a cometer errores históricos de suma gravedad.

Pero también hoy, la Abogacía Española esta sumergida en un mar de dudas e incertidumbres, ante el aluvión de disposiciones de saldo (meras disposiciones adicionales y resoluciones) que nos convierten en trabajadores dependientes o independientes, so pretexto de pactos de conveniencia. Ante esta situación, La pregunta que muchos nos hacemos ahora es la siguiente: ¿Adónde va la Abogacía Española?; ¿hacia dónde camina nuestra profesión, tal y como la hemos concebido y practicado la inmensa mayoría de todos nosotros, los abogados/as verdaderamente independientes? Porque las normas publicadas hace unos meses sobre creación de la relación laboral especial de la abogacía, no sólo no son un logro para nuestro colectivo; sino que constituyen la punta del iceberg de un proceso de cambio sustancial en la propia concepción y práctica del ejercicio profesional de la abogacía. Un proceso en el que los grandes despachos, aliados con los gestores de nuestra Mutualidad, están llevando una soterrada batalla contra la mayor parte de los abogados y los propios colegios profesionales, para fortalecer su hegemonía en la capacidad de autorregulación de nuestra profesión, y al mismo tiempo, extender al Régimen General de la Seguridad Social, la alternancia RETA-Mutualidad, en un claro intento de propiciar la segregación privatizada de un sector profesional importante del sistema público de Seguridad Social, quizá después extrapolable a otros. En esa misma línea cabe situar el proyecto de extensión a todos los médicos autónomos, de la posibilidad de sustituir la cotización al RETA, por la cotización a la entidad privada Mutual Médica de Cataluña y Baleares. Un modo de Seguridad Social a la carta que puede herir de muerte el sistema público, si el ejemplo prospera.

Y en esa dinámica, las nuevas disposiciones laborales para la abogacía consagran una ruptura gravísima en nuestro colectivo profesional, trasladando al seno de nuestra profesión la lógica del sistema económico vigente. Porque con ellas se favorece la posición de los grandes despachos y con el instrumento jurídicamente inexplicable de la Relación Especial Laboral de la Abogacía (RLEA), se extiende una presunción de laboralidad sobre cualquier relación entre abogados que nos estrangulará económica y profesionalmente a los más pequeños, al no poder soportar los costes sociales y en lógica consecuencia, verse impedido nuestro crecimiento y continuidad. Al mismo tiempo, con las nuevas disposiciones se condona la deuda millonaria de cotización de los grandes despachos y se confecciona la nueva relación laboral especial como un traje a la medida del gran despacho, reduciendo escandalosamente (al menos por lo conocido) los derechos de quienes trabajan por cuenta ajena bajo el régimen laboral común. En consecuencia, se cierra de hecho el acceso a la profesión para los futuros abogados/as, hasta el punto de que el debate sobre la Ley de Acceso a la profesión puede quedar en papel mojado.

Son muchos los compañeros que ya me han comentado la imposibilidad de abrir las puertas de su despacho a jóvenes abogados, por el temor a las consecuencias de ésta nueva regulación; sin que quepa desconocer aquí las condiciones de verdadera explotación en que trabajan muchos compañeros jóvenes, que ni tan siquiera pueden pagar la cotización al RETA. Ni lo uno, ni lo otro; ambos caminos llevarán a la misma frustración y al abandono de esta profesión por muchas personas, quizá sin un expediente magnífico, pero con cualidades para ser buenos abogados/as, y que estaban destinados a recoger el legado profesional de quienes, desde la libertad, la independencia y el compromiso con los más débiles, hicimos de nuestro trabajo algo más que un medio de vida.

Porque ese es el problema esencial de la Abogacía Española hoy; esto es, su propia sobrevivencia como una actividad libre, independiente y comprometida con su función social en defensa del débil frente al poderoso; en defensa del sistema democrático, de las libertades y de los derechos humanos. Esa abogacía está amenazada de muerte y se extinguirá, sino lo evitamos entre todos, con los que hoy la practicamos ya con edades maduras y muy especializados. Porque no tendremos recambio generacional.

Los problemas de la Abogacía Española hoy, no son como creen algunos, su papel en relación con la Administración de Justicia y la Ley de Acceso a la profesión. Lo esencial ahora es definir, defender nuestro papel en relación con la sociedad, nuestra función social. ¿Queremos una abogacía libre, independiente, comprometida y cercana al dolor, al sufrimiento y a los anhelos de las personas y grupos sociales, al tiempo que enfrentada a la injusticia y la arbitrariedad; o preferimos el modelo de una abogacía mercantilizada, dependiente y al servicio de los grandes despachos multinacionales, que sólo seleccionan a los expedientes brillantes y dóciles? La Ley de Acceso para nada servirá, si no hay donde acceder.

Y desde luego, esta nueva situación de ruptura profesional del colectivo de la abogacía, nos lleva necesariamente a una nueva dinámica, en la que habrá que abrir nuevos caminos. En definitiva, frente a la insolidaridad impuesta por los grandes despachos, la única posibilidad de resistencia y sobrevivencia que nos queda a los pequeños y medianos despachos de abogados es la solidaridad interprofesional. Apoyarnos para abrir vías a los jóvenes que les permitan la independencia profesional, soportando unos y otros costes que nos posibiliten la continuidad desde la colaboración justa y compartida, rechazando abusos y situaciones de explotación.

Los Colegios de Abogados deben empeñarse en tomar la bandera de nuestra independencia profesional y de nuestra protección social, sin menoscabo de los derechos de quienes trabajen por cuenta ajena bajo el régimen laboral común. Pero sobre todo, el Consejo General de la Abogacía Española debe amparar esta lucha en defensa de nuestra función social y contribuir a curar las heridas que provocó en el pasado más reciente y las que ahora no ha sido capaz de evitar. En ese camino, todos los compañeros y compañeras de buena fe debemos encontrarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esta vez. Quizá sea ahora o nunca. En todo caso, es la hora de la verdad.

José Ramón Juániz Maya es abogado.