El fiscal mantiene la petición de cárcel para los cuatro juzgados por el 'caso del amianto'

El fiscal elevó ayer a definitiva su petición de tres años de cárcel para dos directivos y dos médicos juzgados en Alicante por el caso del amianto -muerte de ocho operarios en la extinta fábrica de Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig y 29 enfermos graves-. El ministerio público considera a los procesados responsables de los delitos de homicidio imprudente y lesiones. La vista oral, que comenzó el pasado 18 de mayo, concluye mañana. El juicio se ha celebrado ocho años después de que un grupo de operarios presentara una denuncia contra la empresa.

Los hechos ocurrieron entre 1950 y 2003, periodo de actividad de la factoría

El juicio del caso del amianto -síndrome laboral por inhalación de polvo de ese mineral- entró ayer en su recta final con el escrito conclusiones definitivas del fiscal. Hoy toca el turno a las defensas. La vista oral, que se ha celebrado en el juzgado número 3 de Lo Penal de Alicante, concluye mañana con el informe de las partes.

Juan Carlos López Coig, fiscal de delitos laborales de Alicante que ha ejercido la acusación pública, elevó a definitivas sus conclusiones y mantuvo la petición de tres años de cárcel para los cuatro procesados: José Pérez Domené, actual director de recursos humanos del grupo Uralita, y jefe de personal de la factoría de Sant Vicent hasta 1984, Carmelo Blay, jefe de personal de la factoría de Sant Vicent del Raspeig entre 1990 y 1996, y dos médicos de empresa, los facultativos Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero. López Coig rebajó de ocho a cinco los delitos de homicidio por imprudencia y de 29 a 20 los de lesiones para el caso de los dos facultativos, aunque este extremo no varía su petición global de cárcel de 3 años para cada uno de ellos. En el caso de los directivos, el fiscal no introdujo variación alguna respecto a su escrito inicial. El ministerio público solicitó también una indemnización de 240.000 euros por cada muerte e igual cantidad para cada uno de los 29 ex trabajadores enfermos graves.

El fiscal, a la espera de su informe definitivo, basa el grueso de su acusación en que no se realizaron los preceptivos reconocimientos médicos o, bien, "que éstos se efectuaron de manera negligente y, además, que se ocultó información a los operarios". Los hechos ocurrieron entre los años 1950 y 2003, periodo de actividad de la fábrica.

En las diferentes sesiones de la vista oral, los ex trabajadores que comparecieron ante el tribunal en calidad de testigos han sostenido que la empresa no les facilitaba información sobre las revisiones médicas y que tampoco cumplía con los apartados, en materia de control médico, recogidos en el reglamento del amianto, que entró en vigor en 1984. Entre el colectivo de ex operarios, resaltó el testimonio de Francisco Martínez. Éste, junto a otros siete operarios, presentó en marzo de 1998 una denuncia contra la empresa por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores que desembocó en el proceso a los directivos y médicos de la factoría. Martínez declaró ante el tribunal que en la industria era tabú hablar de los riesgos para los operarios expuestos al mineral. "En la fábrica estaba prohibido hablar de los riesgos del amianto, y a mí hasta me llegaron a prohibir la entrada para informar a los trabajadores", dijo. Martínez también impulsó la Asociación de Trabajadores Afectados por el Amianto, con el objetivo de reclamar los derechos de estos operarios sobre todo en el apartado de cobro de pensiones por enfermedad profesional.

Las defensas han rechazado las imputaciones y mantienen que la factoría cumplió "a rajatabla" con el reglamento del amianto, que sí informaba a los trabajadores de los resultados médicos y que se adoptaron medidas preventivas. Con todo, un inspector del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo declaró ante el tribunal, "que hasta 1978 las condiciones de trabajo en la fábrica eran antirreglamentarias".