Una larga batalla para lograr la apertura lingüística

La batalla para lograr que el Parlamento Europeo admitiera el uso de las lenguas cooficiales en España (catalán, gallego y euskera) ha sido larga y difícil. La Eurocámara fue la institución que con más recelo recibió el acuerdo, de junio de 2005, entre los gobiernos de la Unión para permitir el empleo de las lenguas autonómicas por los propios parlamentarios y también por los ciudadanos que quisieran dirigirse a la institución en catalán, gallego o vasco.

La novedosa iniciativa fue aceptada por el Comité de Regiones, la Comisión y el Consejo, pero incluso antes de que se alcanzara el pacto intergubernamental el Ejecutivo español ya temía que resultara inabordable en el Parlamento Europeo. En los últimos meses, en varias ocasiones se intentó que las lenguas cooficiales españolas entraran en la Cámara.

Todos los intentos chocaron con la resistencia de la Mesa, el órgano formado por el presidente y los vicepresidentes. Los vicepresidentes del Partido Popular Europeo siempre se opusieron a la apertura lingüística y el pasado 26 de abril parecía que la Eurocámara cerraba definitivamente las puertas a las lenguas autonómicas cuando la Mesa rechazó su uso por siete votos a seis.

Uno de los vicepresidentes del PPE, el catalán Aleix Vidal-Quadras, mantuvo que la decisión se tomó siguiendo "criterios estrictamente técnicos y políticamente asépticos". Pero esta actitud, contraria a lo que el Parlament había reclamado por unanimidad, le valió un alud de críticas en Cataluña, el País Vasco y Galicia, y también de los europarlamentarios socialistas y de otros grupos de la izquierda.

Mientras que Vidal-Quadras votó en contra del plan multilingüista, el otro catalán de la Mesa, el presidente Josep Borrell, lo hizo a favor. Fue la ausencia de un vicepresidente socialista, el francés Pierre Moscovici, que en principio debería haber apoyado el uso de las lenguas cooficiales, lo que decidió la suerte del plan. En caso de empate, el voto de calidad de Borrell, socialista, se hubiera impuesto a favor.

Unas semanas después, la diplomacia española puso en marcha una nueva operación para desatascar el asunto y ganar la batalla definitiva. El Gobierno central fue contundente al anunciar su intención de plantear la cuestión ante los tribunales internacionales de justicia. Unos días más tarde, la Mesa del Parlamento Europeo decidió finalmente reconsiderar la propuesta española, que fue sometida a votación ayer. Y Vidal-Quadras libró hasta el final su particular batalla contra el plan multilingüista. La semana pasada envió una carta a Borrell en la que le pedía aparcar temporalmente el debate.