La necesidad de abrir el debate social sobre el puerto de Valencia

Es falso que la necesidad de satisfacer el incremento de los tráficos portuarios esté obligada a morir en la ampliación del puerto de Valencia. Para dar servicio a esos tráficos, la autoridad portuaria dispone de una alternativa que representa mucho más que un simple premio de consolación: la ampliación de Sagunto. Tal vez es un absurdo prejuicio mío, pero pienso que la existencia de alternativas nos obliga siempre a deliberar. Deliberar es, en el sentido técnico aristotélico, aplicar la razón hacia lo futuro y posible, hacia lo que no está conminado por necesidad a ser de una sola manera.

Que la opción de Sagunto es un digno contendiente dialéctico a la ampliación portuaria en la ciudad de Valencia, es una evidencia que a estas alturas no se puede negar. Seguramente habrá quiénes piensen que la deliberación no debe estar al servicio de los asuntos colectivos y que existen maneras más eficaces de servir a la sociedad. Sean quiénes fueren, los representantes de esta actitud se encuentran obligados a rectificar.

La existencia de alternativas es una justificación en sí misma suficiente para desencadenar los mecanismos de la discusión pública. Pero en este caso ni siquiera es la única. Está aún por desentrañar hasta qué punto el interés de nuestra economía regional está perfectamente armonizado con el crecimiento del sistema portuario. Existe una cierta inclinación a pensar que la economía de un territorio crece proporcionalmente al crecimiento del puerto que le presta servicio. En términos generales la afirmación es verdadera, pero tiene que ser matizada en ciertos sentidos.

Nadie duda de que el aumento del tráfico portuario beneficia en términos absolutos a las autoridades portuarias, que ven incrementadas sus expectativas en lo que al cobro de tasas se refiere. No hay que olvidar que durante el ejercicio 2005 la tasa de la mercancía, del buque, de la ocupación privativa y la de servicios generales, supusieron más del 79 por ciento del negocio de todo el sistema portuario de titularidad estatal. A mayor tráfico, mayor beneficio. Así es que con independencia del tipo de mercancías, la procedencia de ellas y su destino final en el territorio de acogida, el incremento del tráfico portuario es siempre una buena noticia para el puerto que gestiona ese incremento. En cambio, el beneficio para las empresas ubicadas en el hinterland portuario no está tan unívocamente ligado al aumento del tráfico portuario. Un dato: mientras que el 59 por cien de las exportaciones se realizan en España por vía marítima, el 82 por cien de las importaciones se realizan por esta misma vía. Otro: el comercio oceánico con China ha aumentado un 88,8 por cien de 2004 a 2005.

Es una ingenuidad pretender que el contenido de cada uno de los más de 2.000.000 de contenedores que se han movilizado en el puerto de Valencia trae buenas noticias para la economía valenciana. Es preciso analizar el impacto que tiene el incremento del tráfico pero no desde el punto de vista estricto del interés de la autoridad portuaria, para la que cada contenedor representa un logro y un beneficio económico, sino desde la dimensión integral de la economía local, para la cual un aumento del tráfico no representa un beneficio en términos absolutos. El interés del puerto y el de la economía regional pueden separase en algún punto de la curva de beneficios de la autoridad portuaria. Y si no existe una unidad definitiva de interés entre el puerto y la economía local, ¿es lógico que la Autoridad Portuaria lidere unilateralmente las posiciones en torno al futuro de sus ampliaciones?.

La tercera justificación para un amplio debate social -y no es desde luego la menos importante- es que la ampliación proyectada se materializa en confrontación con las playas urbanas, uno de los bordes más sensibles y preciados del tejido de la ciudad de Valencia, tejido, que al igual que el del puerto, también es un organismo vivo con activos, potencialidades, intereses y expectativas. Mientras las infraestructuras del puerto se amplían, los lugares de esparcimiento urbano se minimizan. Al mismo tiempo que las potencialidades económicas del puerto mejoran, el turismo local se resiente de un modo que, sin playas urbanas, puede ser definitivo. Si no es el puerto quién asume los impactos de la ampliación sino la ciudad con la que coexiste ¿puede quedar la ciudad excluida de un diálogo sobre el futuro del puerto?

En conclusión ¿es preciso rescatar de la opacidad esta discusión fundamental y entregar el debate a la sociedad?. Evidente, rotunda y definitivamente: sí.

Carlos González Triviño es Secretario de Estudios y Programas PSPV-PSOE Valencia Ciudad