La fiscal solicita 13 testigos que visaron obras en Terra Mítica

Uno de los imputados pide que declare un diputado que lo grabó

Valencia - 01 jul 2006 - 00:00CEST

La fiscal del caso Terra Mítica ha pedido al juez que cite como testigos a 13 responsables de empresas que certificaron obras del parque de ocio de Benidorm. Además, el abogado de uno de los dos empresarios que reconocieron sobrecostes y pago de comisiones supuestamente relacionadas con Eduardo Zaplana, pide que uno de los dos diputados autonómicos socialistas que hicieron la grabación sea citado como testigo.

La fiscal propone que se cite como testigos a 13 responsables de varias empresas que acreditaron las obras bajo sospecha en Terra Mítica para que aclaren cómo se hizo la certificación y si tienen alguna relación con las firmas que ejecutaron los trabajos. Son varias las firmas que certificaron una ejecución correcta precisamente sobre obras que ahora el juzgado investiga si no se realizaron o sólo fueron ejecutadas en parte. Esos 13 testigos seguirían al único que de momento está citado en esa condición para el próximo lunes: un subinspector de Hacienda que deberá ratificar la información que dio pie a la denuncia que ahora se investiga.

Ayer, además, fue escuchado por los abogados de los imputados el contenido de las cintas que los diputados socialistas autonómicos José Camarasa y Antoni Such presentaron ante la fiscalía y en las que los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García admitían sobrecostes en las obras del parque temático y relacionaban al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, con el cobro de comisiones ilegales. Al final de la sesión, el letrado de Antonio Moreno Carpio anunció que solicitará la comparecencia en calidad de testigo del diputado José Camarasa. Uno de los letrados explicó que Camarasa es una figura fundamental, "más que Such", porque es "con quien los empresarios se reunieron varias veces".

Comisiones y sobrecostes

Según fuentes del caso, en la audición realizada ayer ante el juez de las conversaciones (de las que Moreno Carpio se desdijo pocos días después de hacerse públicas) se escucha cómo los dos empresarios implicados en la causa por la trama de facturas falsas piden a Camarasa y Such 1,5 millones de euros por relatar ante los tribunales los cobros de comisiones y el mecanismo de sobrecostes en el complejo de ocio de Benidorm. Varios de los abogados de los 31 imputados impugnarán la validez de la grabación.

El juez tendrá que responder en breve a los recursos acumulados que aún no han sido contestados. Algunos de estos recursos rechazan que el contenido de las cintas forme parte de la causa que investiga la trama de facturas falsas. También tiene que decidir si las grabaciones son válidas legalmente. Y deberá responder a la fiscal sobre su petición de llamar a 13 nuevos testigos lo antes posible para que puedan declarar todavía durante este mes de julio.

El magistrado sigue, por otra parte, a la espera de conocer si le corresponde decidir o no si los socialistas se pueden personar en el caso, como han solicitado dos miembros de su grupo parlamentario.

La calidad de las grabaciones

El Juzgado de Instrucción número tres ha venido aplazando la sesión de escucha de las grabaciones aportadas por los socialistas a la causa a través de la fiscalía porque la calidad de una de las cintas hacía prácticamente imposible entender el contenido de las conversaciones. Con altavoces y ecualizador en mano se presentó uno de los agentes del juzgado ayer en la sala número 27 de vistas de la Ciudad de la Justicia. En presencia de una decena de letrados se procedió a la escucha. La primera entrega, de poco más de 15 minutos, ofrecía alguna dificultad. En la segunda, la audición era más que aceptable, según fuentes del caso. Más allá del comentario sobre cómo debieron transcurrir las cosas en los silencios que también registran las grabaciones, los letrados anunciaron ayer, en su mayoría, la impugnación de las mismas. Las grabaciones no son alegales, así lo afirmaron varios. Pero defienden que no tienen validez jurídica, que no fueron realizadas al amparo de una decisión judicial que hubiera garantizado la autenticidad de lo que se estaba escuchando. Precisamente por si en algún momento es necesario, ayer estuvieron presentes dos agentes de la brigada judicial. La sesión de ayer es, como el resto de las celebradas hasta ahora, de prueba de contradicción. Eso significa que nada se puede hacer sin que tengan conocimiento y procedan a pronunciarse las distintas partes.

La fiscalía no duda de que las grabaciones son válidas para la causa, y así lo explicó el fiscal jefe Ricard Cabedo. Sin embargo, varios letrados explicaron que no tienen garantías de las condiciones en las que se hicieron y pudieron lesionarse derechos fundamentales.

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