Las sequías del Júcar y sus responsables

El Consell de la Generalitat Valenciana y las Cortes Valencianas deberían acabar cuanto antes con el penoso espectáculo que están dando con esa Comisión de la Sequía, cortada a su medida política y electoral. Y deberían hacerlo porque el problema hidrológico de mayor dimensión del País Valenciano, que es la dramática situación que atraviesa el Júcar, es responsabilidad directa de los gobiernos anteriores del Partido Popular. El desastre actual del río es el resultado de una situación de facto que fue legitimada en el Pacto del Agua entre Bono y Zaplana en 1997, en el que Castilla-La Mancha se quedó con dos terceras partes de las disponibilidades que ahora se está viendo que tiene realmente el Júcar.

La recuperación del Júcar ha de abordarse en colaboración, y no confrontación, entre valencianos y manchegos

Ese fue el precio que pagó Zaplana para que Bono apoyase el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, y para que aceptase el envío a los promotores de Alicante de los últimos caudales del Júcar por el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes. No es cierto que ambos mandatarios no pensaran en el futuro del Júcar en Valencia. Sabían muy bien que con esa política no había tal futuro, porque legalizando la esquilmación del acuífero de la Mancha Oriental, que de modo natural mantenía el caudal base del río en los ciclos de sequía, el Júcar estaba condenado a atravesar, de modo cada vez más frecuente, situaciones extremas como la actual. Por eso, cuando se hiciera patente el colapso del Bajo Júcar, algo totalmente previsible y planificado, contaban con abastecer la Ribera de Valencia con agua del Ebro.

Sin el Pacto de 1997, la mayor parte de las extracciones de la Mancha Oriental seguirían siendo ilegales. Ello facilitaría, ahora que está cambiando la política estatal del agua, su revisión generalizada y su condicionamiento a que no afectaran a los derechos de los usuarios históricos aguas abajo y al estado ecológico del río y de L'Albufera. Por esa vía habría resortes jurídicos para afrontar la situación, como se está intentando en la Mancha Occidental, en la cuenca del Guadiana. Pero con el Plan Hidrológico de 1997 en la mano, y con el respaldo político de su gobierno autonómico, los terratenientes de La Mancha, no pocos de ellos valencianos, se niegan a detener sus extracciones, no aceptan poner contadores en sus pozos, y remachan día a día la sentencia de muerte del río.

La presente sequía les está dejando bien claro a los regantes de la Ribera que ya no tienen el Júcar. Se lo quitó con engaños el tándem Aznar-Zaplana, primero con el Plan Hidrológico del Júcar en 1997 y luego con el Pacto de Alarcón de 2001, acuerdos ambos que eran piezas clave en el esquema del trasvase del Ebro. El área metropolitana de Valencia también está perdiendo el agua de buena calidad del Júcar a la que tiene derecho prioritario, y está teniendo que utilizar cada vez más proporción de agua de baja calidad del Turia. Al parecer, el empeoramiento ya se nota en el agua que sale por los grifos, pero la alcaldesa no quiere ni hablar de ese asunto, no sea cosa de que la gente empiece a preguntar por qué no hay agua en el Júcar. Las políticas hidrológicas tardan cierto tiempo en mostrar sus efectos. Ahora estamos viendo los resultados de las políticas del agua de Aznar y Zaplana, que son también las de Camps, como el mismo presidente se encarga de recordar dia sí, día no.

Afortunadamente, el trasvase del Ebro se derrumbó ante los fríos análisis técnicos, económicos y medioambientales de la Comisión Europea, y fue definitivamente descartado tras el cambio de gobierno de 2004. Esto evitó que la Ribera tuviera que renunciar para siempre al agua buena del Júcar a cambio del agua mala del Ebro. Quedó pendiente una pieza importante del esquema del Ebro, el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes, cuya aprobación en Bruselas había conseguido el gobierno de Aznar mediante falsedades documentales, y que ha costado mucho eliminar. Ahora, una vez superada también esta última amenaza, ha llegado el momento de que los regantes, ayuntamientos, movimientos sociales, y en general, todas las entidades representativas de la Ribera del Júcar, y de Valencia, tomen la iniciativa para la recuperación del río.

La situación actual del Júcar no es irreversible. Hay muchos interesados en que no lo sea, y no sólo en Valencia, sino también en La Mancha. El puñado de grandes terratenientes que sobreexplotan el río en Albacete no representan ni lejanamente a toda la sociedad manchega. Allí también hay mucha gente que quiere tener ríos vivos y acuíferos que no se agoten y no se contaminen. Y también hay muchos agricultores de verdad que quieren que sus regadíos familiares sean productivos y rentables, y que no se queden sin agua como está ocurriendo. De hecho, eso es lo que quiere la gran mayoría de la gente en La Mancha.

Por eso, la recuperación del Júcar ha de abordarse en colaboración, y no en confrontación, entre las sociedades valenciana y manchega. El Júcar es un río tan manchego como valenciano, y ambas comunidades tienen derecho a utilizarlo de modo sostenible, pero también están obligadas por igual a cuidarlo y a respetarlo, para que vuelva a ser un ecosistema saludable.

Además, hay nuevas circunstancias que pueden ser de gran ayuda. La Política Agraria Común (PAC) no va a continuar subvencionando indefinidamente cultivos inviables y ambientalmente inadecuados como los de las grandes fincas de Albacete. El clamor en Europa contra la PAC de las subvenciones masivas a producciones inviables y excedentarias va en aumento desde hace años, y de hecho ya está consiguiendo reorientarla hacia otras formas más justas y eficientes para mantener las rentas de los verdaderos agricultores. Sin subvenciones europeas, los cultivos extensivos más consumidores de agua no serán viables. Y sobre todo, está el instrumento de la Directiva Marco del Agua, que exige que la explotación de las aguas subterráneas no provoque el deterioro de las masas de agua asociadas. El río Júcar es una masa de agua asociada al acuífero manchego, y la Directiva prohíbe explotar ese acuífero de forma que afecte negativamente al río. En el momento actual, las extracciones en la Mancha son entre tres y cuatro veces superiores a los recursos disponibles según los criterios de sostenibilidad de la Directiva Marco. De hecho, la mayor parte de las extracciones actuales, que se mantienen prácticamente sin cambios en plena sequía, son ilegales según la normativa europea, y una fracción significativa lo son incluso respecto al Plan Hidrológico vigente.

En esta situación no se debería demorar por más tiempo la apertura del debate sobre el nuevo Plan de Gestión de Cuenca Fluvial cuya elaboración, según el calendario de aplicación de la Directiva, debería estar finalizada en 2009. La participación activa de los interesados debe ser previa a la elaboración técnica del Plan. Si se organiza adecuadamente la participación a escala de cuenca, y se da voz a una amplia representación de agentes sociales, económicos e institucionales de las dos comunidades autónomas que comparten el río, la confrontación política que algunos desean se esfumará, y dará paso a la cooperación social para la búsqueda de soluciones en común.

Está por aclarar la posición de la Generalitat ante la nueva planificación del Júcar. La sociedad valenciana tiene que exigirle al presidente Camps que diga con claridad si sigue defendiendo o no el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar que su partido aprobó a bombo y platillo en 1997. Camps tiene que explicar si su política del agua sigue consistiendo en que los terratenientes de la Mancha se queden con casi todo el Júcar y lo poco que quede se les envíe desde Cortes a los promotores de Alicante, en que Valencia tenga que beber cada vez más agua del Turia, en que L'Albufera sobreviva como pueda con agua de depuradoras y poco más, y en que la Ribera se quede sin agua, o con una cantidad irrisoria, para que acabe teniendo que pedir el trasvase del Ebro.

Antonio Estevan es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.