16 imputados en Cortegana por un enfrentamiento con gitanos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aracena ha emitido un auto tras finalizar las diligencias previas en el que ha imputado inicialmente a 16 personas, entre ellas el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), por los sucesos derivados de la manifestación celebrada el 16 de enero de 2005 contra la comunidad gitana del barrio Las Eritas de la localidad.

En el auto, se le imputa al alcalde un presunto delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado por el artículo 514.1 del Código Penal, que "incluye a los promotores de manifestaciones ilícitas celebradas con el fin de cometer algún delito o que concurran personas con armas y a los que convocan manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas que pretendan subvenir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".

En este sentido, el auto especifica que los indicios de criminalidad "derivan del reconocimiento de su participación parcial en la convocatoria y preparación de la manifestación, así como de la acreditación documental de la falta de adopción de medidas específicas de cualquier tipo para evitar que la manifestación pudiera desarrollarse en un sentido violento".

Discriminación racista

Al resto de los imputados, se les acusa de un presunto delito de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o a la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza.

De las 24 personas a las que se les tomó declaración en el transcurso de las diligencias previas en calidad de imputados, el juez ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa de un total de ocho, mientras que otras 27 declararon en calidad de testigos. No obstante, el juez distingue entre las diferentes formas de participar en los hechos de cada uno de los imputados, de forma que los mismos han sido identificados por las fuerzas policiales y, en algunos casos, también por testigos, causando daños a las viviendas y enseres de la comunidad gitana de Las Eritas.

El juez da traslado del auto al ministerio fiscal y a las partes personadas para que, en el plazo de diez días, "soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias". Igualmente, informa de que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación.

El auto se refiere a la manifestación celebrada en Cortegana el 16 de enero de 2005, "convocada durante los días previos por el alcalde y difundida por otros ciudadanos, en protesta por el crimen cometido en la misma localidad el 1 de enero anterior y en el que resultó muerto el vecino del pueblo Mateo Vázquez, en cuya instrucción por homicidio se ha decretado la prisión preventiva de dos imputados, vecinos del barrio de Las Eritas de Cortegana".