La Comisión denuncia a Italia por mantener la 'acción de oro' en Telecom Italia, ENI y Enel

La Comisión Europea ha decidido denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE por la legislación que permite a las autoridades de ese país mantener poderes especiales en compañías privatizadas, como Telecom Italia, ENI y Enel a través de la llamada acción de oro.

Según el Ejecutivo comunitario, las disposiciones legales que regulan en Italia la inversión en compañías privatizadas suponen una restricción injustificada a los principios de libre movimiento de capitales y de establecimiento.

En la actualidad y tras diversas enmiendas de la legislación que regula las compañías privatizadas, el Estado italiano se reserva poderes especiales de control para casos en los que los intereses vitales del país se vean amenazados.

Bruselas recuerda que la normativa comunitaria admite excepciones a su cumplimiento por razones de "orden, seguridad, y salud pública, además de defensa", lo que implica que admite la protección de determinadas actividades económicas en casos específicos. Sin embargo, considera que, en el caso italiano, la definición de los criterios para ejercer esos derechos especiales es "vaga e indeterminada".

En diciembre pasado, el Ejecutivo de la UE envió a Roma un dictamen motivado, el segundo paso del proceso sancionador, cuya respuesta considera "insatisfactoria", por lo que ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia. Bruselas constató que "el ejercicio de prerrogativas especiales previsto en la legislación italiana es desproporcionado" y cita en particular los privilegios que en este sentido se mantienen en empresas ya privatizadas, como Italia Telecom, Enel o ENI.

También añade que "los criterios fijados para el ejercicio de estas prerrogativas son vagos e imprecisos por lo que respecta al campo de aplicación y otorgan a las autoridades poderes desproporcionadamente extensos para apreciar los riesgos para los intereses vitales del Estado". Por otra parte, el Ejecutivo comunitario considera que las preocupaciones de interés público en las que se basaron las prerrogativas a estas empresas "podrían haber sido satisfechos por otras disposiciones menos restrictivas".