El plan de ordenación del territorio controlará la urbanización y vigilará el uso del agua

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que establece las pautas que deben seguir las administraciones públicas para la organización física y espacial de la comunidad. Según la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, el plan -al que se le han incorporado más de 6.000 alegaciones- es una pieza clave del proyecto de la segunda modernización de Andalucía y apuesta el control de la urbanización, el uso del agua, el transporte ferroviario y el protagonismo andaluz entre la conexión de Europa y el Magreb.

El plan será remitido al Parlamento para su tramitación y aprobación definitiva. La consejera explicó que establece una serie de orientaciones que serán de obligado cumplimiento y a las que necesariamente tendrá que supeditarse el resto de la planificación urbanística. El modelo territorial que propone el documento se divide en cuatro sistemas: redes de ciudades, articulación territorial para el desarrollo de las infraestructuras, protección del territorio e integración exterior de Andalucía.

Respecto al sistema de ciudades, el plan fija criterios de planeamiento para evitar procesos de urbanización insostenibles. Los municipios deben atenerse a un modelo de ciudad compacta, que crezca según el planeamiento anterior y la disponibilidad de recursos. El sistema de ciudades define, a su vez, tres niveles de redes: centros regionales, que agrupan a las capitales de provincia y a los grandes núcleos urbanos; ciudades medias, capaces de propiciar incipientes desarrollos metropolitanos, y áreas rurales, para las que se propone favorecer las economías de escala y la implantación de servicios de carácter supramunicipal.

El plan establece los criterios básicos para el desarrollo de las infraestructuras relativas al transporte, la energía, el agua y las telecomunicaciones.

En materia de transportes, se da prioridad al ferrocarril por sus ventajas como medio público y por su mayor eficacia energética y ambiental. La prioridad es culminar la red de Alta Capacidad (ejes Ayamonte-Almería y Córdoba-Málaga y análisis de viabilidad de los ejes Jaén-Motril y Guadix-Levante); asegurar la viabilidad del transporte de mercancías a través con los siete grandes puertos andaluces; potenciar los trenes de cercanías y metropolitanos, y fomentar el papel del ferrocarril en los ámbitos rurales de Sierra Morena, la vega del Guadalquivir y el eje Condado-Aljarafe.

Al puerto de Algeciras se le otorga el máximo rango para el tráfico internacional de mercancías, de manera que el resto de las grandes instalaciones portuarias deberán buscar la complementariedad con el mismo.

En cuanto al transporte aéreo, la principal prioridad es la plena integración de los aeropuertos andaluces en el sistema intermodal mediante su conexión a las redes viarias y ferroviarias de alta capacidad.

También se busca potenciar el papel del aeropuerto de Málaga en el sistema nacional, además de estudiar las iniciativas privadas para la construcción de los aeropuertos del Campo Gibraltar, Huelva y Antequera.

El documento propone en política energética llevar la red de gas natural a más del 90% de los núcleos urbanos con población superior a los 20.000 habitantes y apostar preferentemente por las plantas de cogeneración y las energías renovables, mientras que en lo referido al agua las principales orientaciones se dirigen a racionalizar el consumo en la agricultura (mediante la modernización de regadíos) y en el litoral (a través de proyectos de reutilización para evitar el agotamiento de los acuíferos). La ampliación de las superficies regadas se supedita a la obtención de nuevos recursos o al desarrollo de medidas de ahorro.

El sistema de articulación territorial se completa con las infraestructuras de telecomunicaciones, en cuyo desarrollo se aplicarán criterios de equidad entre los distintos territorios. Para conseguir este objetivo se otorga un papel relevante a la conexión de la red corporativa de la Junta con las de otras administraciones públicas.

Huelva

El Consejo de Gobierno aprobó también el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, que contará con una inversión de 371 millones de euros. La comarca está integrada por los municipios de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.

El 37% de la dotación económica se invertirá en el plazo de cuatro años, otro 37% en ocho años y el 26% restante a largo plazo. El plan se divide en cuatro grandes programas: ordenación turística, la protección de los recursos naturales, la articulación territorial y el apoyo al planeamiento. El primero de ellos concentra las inversiones de mayor envergadura, 129,15 millones de euros, que se destinarán a paseos marítimos e instalaciones portuarias recreativas, entre otras.