Marlaska deja libres a dos empresarios pero sostiene que colaboraron con ETA

El juez Fernando Grande-Marlaska decidió ayer dejar libres a dos empresarios navarros, a los que imputaba un delito de colaboración con banda armada por pagar el impuesto revolucionario a ETA tras recibir en 2001 una carta amenazante de la banda terrorista. En su auto judicial, Marlaska mantuvo la imputación y defendió la necesidad de tomar medidas cautelares contra los dos empresarios, pero el fiscal se opuso. Según la ley, el juez no puede imponer ese tipo de medidas si no lo pide ninguna de las partes del proceso.

Los empresarios José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui negaron "categóricamente" ayer haber colaborado con ETA. El juez señala en el auto que se ha acreditado el pago de 54.000 euros, por lo que hay indicios racionales de un delito de colaboración con organización terrorista, del artículo 576 del Código Penal, castigado con al menos cinco años de cárcel.

El instructor concluye que es necesario adoptar alguna medida cautelar personal, como la "prohibición de abandonar territorio nacional", pero al no haber solicitado la fiscalía ninguna medida, acuerda la libertad provisional sin limitación de Azpiroz y Saralegui.

El juez tomará hoy declaración al ex presidente del PNV Xabier Arzalluz como testigo en el caso de la red de extorsión, y mañana interrogará en Bilbao al dirigente del PNV Gorka Aguirre, imputado en el caso, que está convaleciente de una operación quirúrgica. De las grabaciones realizadas por los investigadores de esa red se deduce la existencia de 78 cartas de extorsión de ETA previas a la declaración de alto el fuego permanente.