Creación con derechos

La aprobación el jueves en el Congreso de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha coincidido con la publicación por la Sociedad General de Autores (SGAE) de su informe correspondiente a 2005 que pone de relieve los enormes cambios producidos en los hábitos culturales. Hay una crisis que afecta sobre todo al disco y al DVD, y a las salas de cine, es decir, a los sistemas de reproducción y difusión, pero que podría llegar a alcanzar a los contenidos si yugulara la financiación de la producción.

La preocupación no está ya en los top manta, sino en las descargas en la Red y otras formas de acceso a obras de creación cultural o periodística relacionadas con las nuevas tecnologías, en las que hay dificultades enormes para garantizar el cobro de los derechos de autor. También el Gobierno ha arbitrado una respuesta legal, con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que incorpora la directiva europea sobre Sociedad de la Información, y reconoce el derecho de los productores y de los autores a percibir un canon por la reproducción de sus productos en soporte digital.

El amplio consenso suscitado por la ley en el Parlamento no debe llevar a engaño sobre las cuestiones pendientes. La más importante es que el canon no soluciona el problema de la percepción y gestión de derechos de autor en el nuevo mundo digital, limitándose a arbitrar un parche, con aspectos injustos para quienes utilizan soportes o aparatos sin fines de reproducción de obras con derechos de propiedad intelectual. Tampoco se resuelve satisfactoriamente el asunto del press clipping (las recopilaciones de prensa que se hacen en muchas empresas y departamentos de la Administración). La nueva ley ampara esa copia de los periódicos como derecho de cita; y en compensación sólo ofrece a los editores una imprecisa remuneración equitativa que degrada su derecho de propiedad intelectual. Quizá eso les aboque a prohibir la reproducción de sus obras en recopilaciones de prensa.

Las sociedades de gestión de derechos han mostrado la lógica satisfacción ante la ley, porque potencia la recaudación. La ley prevé mecanismos que limiten la arbitrariedad con que, a veces, se han comportado algunas de esas sociedades, y concretamente una Comisión de Propiedad Intelectual, que deberá ser regulada por el Gobierno. En todo caso, ofrece una solución meramente provisional, que no resuelve el problema de fondo de proteger la propiedad intelectual en la era de la tecnología digital.