La fiscal de violencia de género de Cádiz alerta del alto incumplimiento de los alejamientos

La memoria anual de la Fiscalía contra la violencia de género de Cádiz alerta de un alto grado de incumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas contra los maltratadores. La fiscal delegada, Lorena Montero, califica como "preocupante" que en "un gran porcentaje de casos" son las propias víctimas las que favorecen esos incumplimientos al consentir el regreso de sus agresores. "Sería necio culparlas a ellas porque no están actuando con libertad sino bajo la presión de todo lo que han sufrido. Necesitan la ayuda de todos nosotros", matiza.

En el año 2005, año en el que entraron en vigor las medidas penales de la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Gobierno, fueron incoados 101 procedimientos por quebrantamiento de medidas cautelares, entre las que se encuentran las órdenes de alejamiento, que también pueden ser impuestas como penas en este tipo de casos. En los primeros seis meses del año (hasta el 20 de junio de 2006), ya se han incoado 95. "El alejamiento, tanto como medida cautelar o como pena, trata de impedir la reiteración de la acción delictiva. La comisión de un delito de violencia de género significa que ese agresor permanece muy unido a su víctima durante largo tiempo. Si no rompes esa relación, en la mayoría de ocasiones no logramos poner fin al maltrato", explica Montero.

La Fiscalía gaditana ha detectado "con preocupación" que existe un "gran incumplimiento" de las medidas de alejamiento. "Muchas veces, no todas, pero sí en un gran porcentaje, ese incumplimiento es consentido por la víctima", señala la fiscal delegada en Cádiz, aunque advierte de que no se puede culpar a quien ha sufrido un maltrato. "Entre los condicionantes psicológicos que sufre una víctima está la dificultad de romper el vínculo con su agresor", explica. "El culparla a ella sería tan necio como presumir que esa persona puede decidir con libertad, pero es que la verdadera víctima no puede romper su lazo. Necesita la ayuda de todos nosotros".

Lorena Montero propone mantener las campañas de concienciación para ayudar a las víctimas a no ceder a estas presiones, al tiempo que aboga por programas de reeducación y rehabilitación para los agresores, que les permitan alejarse del alcohol, las drogas o las pautas culturales que puedan estar detrás de su comportamiento. También ve necesarias reformas legales. Por ejemplo, la que impida que las víctimas de la violencia de género se puedan acoger a la dispensa del artículo 416 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Es aquella que permite, en una amplia variedad de delitos, que un familiar de un acusado no tenga que declarar para no perjudicar a su pariente. "Es algo que se utilizaba en robos y otro tipo de causas pero que el legislador no ha corregido en los casos de violencia de género, en los que la víctima pueda agarrarse para no declarar contra su agresor. La celeridad es muy importante en estos juicios para que no le dé tiempo a la víctima a pensárselo ni a su agresor a convencerla".

Los expertos, según relata la fiscal, explican que, tras producirse un caso de violencia, agresor y víctima pueden vivir lo que se conoce como "luna de miel", una mejora de sus relaciones que puede complicar la evolución de procedimiento judicial.

Según los últimos datos facilitados por la Fiscalía de Cádiz, los juzgados gaditanos han incoado 835 delitos en lo que va de 2006, frente a los 1.405 de todo 2005. Hasta junio de este año, se han contabilizado 775 víctimas (664 mujeres y 101 hombres), mientras que los agresores han sido 745 (685 hombres y 60 mujeres). De ellos, 294 tenían más de una denuncia. La gran mayoría de los maltratadores era pareja de hecho o ex pareja de su víctima (332 casos) o cónyuge o ex cónyuge (291). La mayoría de víctimas y agresores se concentran en el tramo de edad de entre los 31 y los 50 años. En lo que va de año, se han tramitado adoptado 103 órdenes de protección. Los puntos negros en número de casos son Sanlúcar y Chipiona.