Los expertos alertan sobre la pruebas electrónicas en los juicios

Mayor presencia de peritos informáticos durante las vistas judiciales, pero sin caer en la "espectacularidad" de las pruebas con intención de deslumbrar a jueces legos en materia de innovaciones tecnológicas. Ésta fue una de las propuestas más llamativas oídas en el IV Seminario de Pruebas Electrónicas celebrado en Madrid.

La cautela ante la facilidad con la que las pruebas informáticas pueden manipularse fue otro de los consejos más reiterados durante el seminario. Para evitar engaños, Francisco Conde, especialista en Derecho del Trabajo y socio del gabinete Cuatrecases, propuso que los indicios electrónicos sobre un supuesto delito vayan acompañados de otro tipo de pruebas "que refuercen la convicción del juez". Entre ellas, subrayó la necesidad de la comparecencia de peritos informáticos durante las vistas. Además, aconsejó que las supuestas evidencias electrónicas (citó el ejemplo de un correo electrónico en soporte de papel) se acompañen de pruebas testificales, dada su debilidad intrínseca si no se ven reforzadas por la palabra de expertos y testigos.

Eduardo de Urbano, magistrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo, abundó en esta argumentación. Reclamó la "institucionalización" de las pruebas periciales informáticas "en la propia vista", con la presencia de técnicos independientes "para rendir las explicaciones que se le soliciten" y para "solventar las dudas que puedan surgirle al juez".

Sobre el impacto que provocan en los magistrados este tipo de pruebas se viene insistiendo en la "literatura judicial norteamericana" reciente, recelosa ante "el impacto audiovisual de este tipo de pruebas", lo que debe tenerse en cuenta "para preparar la propia defensa y contrarrestar la prueba contraria".

El magistrado del Supremo recalcó la "necesidad de solicitar la prueba pericial informática si el juez no la acuerda de oficio, dado que incrementa los grados de seguridad jurídica y la objetividad". Sin embargo, lamentó "la falta de medios técnicos para su implementación en sede judicial" y reclamó una mayor formación de personal con "capacidad técnico-jurídica para comparecer ante un órgano judicial" en calidad de peritos o forenses informáticos.

José Manuel Maza, magistrado de la sala II del Tribunal Supremo, defendió el uso de la videoconferencia siempre y cuando se garanticen en su totalidad los derechos de los acusados. Recordó al respecto que él es el firmante de la polémica primera anulación de una sentencia en España por vulnerarse los derechos procesales de un grupo de encausados, presos de la prisión de Alicante, que declararon por videoconferencia. También lamentó que los delitos económicos por Internet no incluyan la pena por falsedad documental, y sólo carguen con la de estafa, lo que no sucede fuera de la Red.

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