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Tribuna:

Víctimas, criminales, ciudadanos

No son las víctimas, sino los ciudadanos, cuando van tomando conciencia de la injusticia que se ha cometido con aquéllas, quienes han contribuido decisivamente a la derrota de los violentos. La obra de la paz es así un triunfo ciudadano, bien porque directamente su conciencia se ha afirmado o porque, mediatamente, esta conciencia de paz haya fortalecido la actuación del Estado de derecho y la colaboración democrática internacional.

Relegar el protagonismo de las víctimas nos lleva a una peligrosa situación, pues podría parecer que su función por la paz es menospreciada. En absoluto se trata de eso; por el contrario, ha sido necesario su dolor para que la democracia se afirme y quede certificada la derrota de los asesinos. Y, pidiendo perdón a quien me lea, adelanto que escribo también desde mi condición de víctima, aunque no desde la de miembro de ningún "colectivo" de víctimas.

Desde mi condición de víctima de ETA establezco la siguiente clasificación, que no jerarquía, de víctimas:

a) El que, por no haber sobrevivido al ataque, dejó de poderse manifestar como víctima.

b) El que ha sufrido en su persona el ataque del criminal y ha sobrevivido.

c) El familiar que ha sufrido en su persona daños psicológicos o morales, por el ataque a víctimas de los apartados anteriores.

d) El amigo (compañero) que ha sufrido la pérdida del amigo (compañero).

e) El que ha sido sometido al ataque de los violentos, o a su presión o a su amenaza.

f) El ciudadano que rechaza el crimen y se siente agraviado por él.

En todos estos apartados, menos en el primero, me considero incluido y por todo ello me siento ofendido cuando alguien, con demasiada frecuencia representante de una ética de clérigo, me quiere incluir en un disparatado conjunto, el que comprende tanto a víctimas como a verdugos.

Como cumpliendo un rito de homenaje a las víctimas, quiero pronunciar ahora un memorial de agraviados, aunque de precipitada y muy incompleta memoria. Pronuncio así el homenaje, previo a otras reflexiones:

Por las dos gemelitas muertas en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Por Enrique Casas. Por Fernando Múgica. Por Francisco Tomás y Valiente.

Por los compañeros y amigos a quienes asesinaron en el año siguiente a la ruptura por ETA de su última tregua: Fernando Buesa, José Luis López de Lacalle, Juan María Jáuregui, Ernest Lluch; en ese mismo año en que la pistola que mató a José Luis López de Lacalle, la del asesino Guridi me destinaba una bala.

Por todos los muertos en el ejercicio del tantas veces despreciado oficio de político, fuera de derechas, de centro o de izquierdas.

Por todos los muertos en las fuerzas del orden público.

Y por todos los asesinados por ETA.

Pero a partir de esta letanía y de este homenaje habrá que reflexionar ahora sobre la tarea por la paz ciudadana.

Que el ejercicio de la política requiere de la virtud de la prudencia es claro, como ya Aristóteles enseñaba. Ya es más complicado definir qué pueda ser la prudencia en la política, pues hace referencia a la realización responsable de una sociedad de ciudadanos; además, siguiendo también a Aristóteles, para descubrir la prudencia no podemos partir de una definición previa, sino del aprendizaje de aquellos que han acreditado en la práctica ese comportamiento virtuoso, que supone una abierta deliberación sobre cómo se consigue el bien de los ciudadanos. Es a partir de ahí como podemos reflexionar sobre el utilitarismo en la toma de decisiones y, sobre todo, sobre el binomio entre ética de los principios y ética consecuencialista o de resultados. Respecto a ETA y a Batasuna, y su anunciado cese de la violencia, buscamos ahora, como dice mi amiga Maite Pagazaurtundúa -con quien quiero entrar en diálogo y no en polémica-, dos efectos prácticos: a) que dejen de matar; b) además, que los principios democráticos se afirmen desde ahora y borren todo resto de autoritarismo. Maite Pagaza añade un tercero: c) además, que no se equipare a las víctimas y a los verdugos (a los criminales). Conviene deliberar sobre este tercer efecto práctico buscado.

Si se dan los efectos prácticos a) y b) -cese de la violencia y afirmación, desde ahora, de los principios democráticos-, los criminales dejan de serlo en el presente y para el futuro: quedan solamente como responsables por sus actos pasados; estarían sujetos a responsabilidad penal y a la situación penitenciaria derivada de ello. En todo lo demás ya estarían equiparados, no a las víctimas, que no son término de equiparación, sino a los ciudadanos. Es un defecto de método, esto es, de deliberación sobre la prudencia política, introducir a las víctimas como condicionantes de la situación. La política la deben hacer los ciudadanos y, entre ellos, las víctimas; pero las víctimas como ciudadanos y no porque ocupen un estatuto especial.

El reconocimiento de la condición de interlocutores en el diálogo entre el Estado democrático y ETA sólo es posible para alcanzar el fin práctico del cese de la agresión criminal. Al representar

el Estado democrático a los ciudadanos, y la segunda a los criminales, la interlocución sólo será posible en la medida en que los ciudadanos constaten que es el resultado, o el camino, para proclamar el triunfo ciudadano y la derrota de ETA. Pero si es necesaria esta conciencia del triunfo ciudadano, no lo es (aunque sería muy satisfactorio que lo fuera) que esa conciencia de triunfo sea reconocida por los miembros de esa organización criminal. Tolerar la falsa conciencia del enemigo es un primer puente de plata que podemos soportar.

Categóricamente no es tolerable, en cambio, ninguna concesión política al interlocutor criminal: ningún objetivo a pactar sobre la organización de la sociedad política. Y aquí hay que tener especial cautela. Si bien una conciencia subjetiva sobre la percepción de la victoria o la derrota no debería afectarnos, los objetivos políticos concedidos por causa del cese de la violencia serían siempre una derrota ciudadana. Y los objetivos políticos pueden ser de tres niveles: porque se reconociera cualquiera de las reivindicaciones de ETA (modelo territorial, autodeterminación, cambio estatutario o constitucional, etcétera); porque, por causa del cese de la violencia, se reconociera cualquier reivindicación nacionalista (en virtud de la conocida ley del nogal agitado y la recogida de las nueces); porque, incluso, se aceptara que el cese de la violencia fuera a permitir no una mesa de partidos (algo a plantearse con cautela, desde luego) pero sí el establecimiento de nuevas bases de acuerdo (si nuestro modelo político es uno, no se puede claudicar en premio de que se cese de matar).

El primado de los hechos sobre las palabras es fundamental y no es una deformación "pragmática" insistir en este punto. Las palabras de ETA y de Batasuna no tienen más realidad que la de que se corresponden a programas o proyectos formulados, no a la imposición de una realidad política. Frente a estas palabras hay un hecho, el más contundente de todos, que es no que ETA no está matando, sino que ETA ha dejado de matar. Siempre, al proyectarse sobre el futuro, el sentido de los hechos tiene algo de apuesta, pero así es como se hace política. La correspondencia que podemos establecer entre la afirmación política de ETA y su realización práctica es mucho más coherente que los grados de incertidumbre que todavía derivan de una situación vacilante en ETA: la organización criminal tiene que esforzarse en una gran tarea, la de sostener la moral de sus tropas; además, tiene que ver cómo se resuelve su futuro material o laboral. Este segundo problema es el que explica la continuación de actuaciones gansteriles que, de todos modos, tienen limitado futuro. El primer problema tiene una dimensión más trágica. Lo que se le presenta a ETA no es solamente la derrota en una batalla, sino la reflexión interna de cómo las muertes causadas, el terrible daño infligido, ha sido un daño inútil y además un peso terrible que está cayendo sobre la consciencia de los criminales. Paradójicamente, este peso se va a ir sintiendo antes por los miembros menos innobles de la organización, mientras que los más innobles son los que hoy todavía se permiten insolencias ante los jueces y las víctimas (sirva hoy de repugnante ejemplo el de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, como en su día lo fue el de los secuestradores de Ortega Lara).

Finalmente, ¿qué puede darse por la paz? Algo que está ya previsto en nuestro sistema jurídico. Por de pronto, el cese cumplido y manifestado de la violencia permitirá la reincorporación al sistema político de aquellos que hasta ahora han tenido legítimamente limitados sus derechos políticos. Tendrán plenamente reconocidos sus derechos electorales, de asociación y de expresión. Por favor, de nuevo como víctima, que no soliciten, ni pretendan, mi perdón, porque no nos estaremos moviendo en un ámbito moral, sino en uno jurídico y político.

Podrán así plantear en la lucha política lo que quieran: independencia, incorporación a Euskal Herria (por cierto, me gusta más este término para mi país que el "Euskadi" bizkaitarrista de Sabino Arana) de Navarra o de los territorios vasco-franceses. Del mismo modo que nosotros podremos pretender que nada de lo que propongan se realice. Y que, en cualquier caso, el debate sea resuelto dentro de los límites constitucionales y estatutarios.

Podrá interpretarse el sistema de enjuiciamiento criminal acentuando un principio básico, como es el de que nadie sea considerado culpable sin sentencia firme, lo que llevaría a que, habiendo renunciado a la violencia de ETA, sus presos no condenados pudieran esperar el juicio en libertad.

Podrá interpretarse el sistema penitenciario facilitando lo que se llama la progresión de grado, esto es, una vez reconocido el abandono de la violencia, la suavización del régimen carcelario. Esta medida, sin embargo, sería preciso compensarla con la explicable pretensión de las víctimas de no soportar, sin límites, la presencia en la calle de los asesinos. Vamos, que el asesino de Tomás y Valiente, o el de Fernando Buesa, o el de José Luis López de Lacalle (que pretendió ser también el mío), o el del hermano de Maite Pagazaurtundúa, se vayan a ir "de rositas", aunque sabemos que tendremos que tragar que se vaya acortando el día de verles entre nosotros.

Las víctimas no determinan la política. Ésta corresponde a los ciudadanos, en su condición de tales. A sus gobernantes corresponde también la administración de los tiempos en que el proceso de paz, que es el de la derrota de ETA, se vaya a realizar. Las víctimas seguirán siendo la piedra de escándalo en la que un día tropezaron los ciudadanos, la piedra que logró movilizarlos y que está todavía patente como muestra del horror y del dolor que ETA ha causado.

José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de junio de 2006