El alcalde y ocho concejales de Manilva vuelven a declarar como imputados por el caso Ballena Blanca

El alcalde de Manilva (Málaga), Salvador Zotano, y ocho concejales declararon ayer como imputados por un presunto delito de prevaricación ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, por el supuesto caso de corrupción urbanística a raíz de la recalificación de la finca La Parrada, vinculada con la trama de la operación Ballena Blanca. En dicha operación contra el lavado de dinero fue detenido el pasado octubre el que entonces era alcalde de la localidad, Pedro Tirado, actualmente en libertad bajo fianza.

Los nueve ediles ya testificaron ante el juez el 25 de enero, pero ayer lo hicieron de nuevo a petición de la defensa del ex alcalde y su cuñado, Francisco C. A., que no pudieron asistir a la primera declaración conjunta. Junto a Zotano comparecieron ante el juez los concejales del Partido Democrático de Manilva (PDEM) Francisco Miguel Álvarez, José Benítez, Rafael Mena y Manuel Ramos, así como los ediles de IU Antonia Muñoz, Diego Urieta, Mario Jiménez y Francisca López. Además, declararon como testigos el secretario de Manilva, Joaquín de Salas, el ingeniero municipal José Manuel García y el ex asesor y actual vocal de Urbanismo de la comisión gestora marbellí, Rafael Duarte.

"Creo que al menos el tema urbanístico de los terrenos quedará claro, incluido el expediente de cumplimiento y la situación de los terrenos calificados como residencial deportivo, y donde hoy por hoy no se puede construir", declaró Antonia Muñoz (IU), anterior concejal de Urbanismo. Las declaraciones resultaron "más extensas" que las primeras por las preguntas formuladas por los abogados presentes, según explicó Muñoz a la agencia Efe.

Los ediles declararon sobre los convenios urbanísticos que afectaron a la finca La Parrada, propiedad de Royal Marbella Estates, una de las empresas vinculadas a la red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas.

El primer convenio, de noviembre de 2003, consistía en el paso de suelo rústico a suelo urbanizable no programado de los 1,3 millones de metros cuadrados de La Parrada, y el segundo, de agosto de 2004, preveía aumentar su edificabilidad de 10 a 18 viviendas por hectárea. Las operaciones supusieron que el precio de la finca pasara de 12 millones de euros a los 160 millones que pagaron cinco promotoras a Royal Marbella Estates, cuya propiedad se atribuía a Aki Kujala, ciudadano finlandés detenido en la operación Ballena Blanca.

La portavoz de IU reiteró que la implicación de los concejales de la corporación se corresponde con una presunta aprobación de "algo incorrecto a sabiendas", y descartó la validez de dos supuestos convenios firmados con posterioridad al de 2003, "al no ser ratificados en pleno", explicó.