Una grave regresión moral

"Si el dolor es físico, tiene que tener la intensidad que acompaña a las heridas graves, como las que provocan la muerte. En lo psicológico, no basta el sufrimiento en el momento en que se causa el dolor, sino que han de producirse secuelas de largo plazo, equivalentes al desorden de un estrés postraumático". Sólo despreciando siglos de progreso moral es posible entrar en semejante análisis, como hacía en 2002 un informe jurídico interno de la Casa Blanca al que corresponde esta cita. No es aceptable que para defendernos sea preciso desmantelar todo lo que la civilización nos ha aportado en los últimos siglos, en materia de derechos de defensa, de presunción de inocencia y de respeto a la dignidad del hombre, de cada individuo. Más tarde, en el año 2004, en otro informe al Fiscal General interpretando los límites de la definición de tortura de la ONU, ya se precisaba que la prohibición de la tortura, eliminada por la Ley Federal (Sección 2340 del US Code), no podía referirse sólo a "conductas que provoquen un dolor del todo insoportable o agonizante". Todo un alivio. Aunque sólo desde enero de 2006 se han extendido esas limitaciones, y aún con matices, a la actuación norteamericana fuera de su país, y en ningún caso afectan a los interrogatorios que se dejan en manos de dictaduras aliadas. Es la "tortura por poderes", en la brillante expresión que da título a un extenso informe del Colegio de Abogados de Nueva York. Para esta práctica repugnante se requiere la detención de aquéllos de quienes se espera obtener la información que nos ha de hacer a todos más seguros, y su transporte al lugar del interrogatorio. Son las llamadas extraordinary renditions (entregas extraordinarias), un programa de trabajo perfectamente orquestado y reconocido por Estados Unidos, nacido durante la guerra civil del Líbano, pero intensificado con crudeza tras el 11 de septiembre. Ellos localizan al sujeto, lo detienen, lo transfieren donde convenga y lo retienen durante meses, o años, para ser interrogado (o para que otros lo hagan de forma más efectiva y entreguen después el acta). No hay tiempo para pruebas, abogados, instrucciones judiciales ni extradiciones. Incluso si una sentencia ha declarado la total inocencia, como les ocurrió a seis residentes de Sarajevo que descansan actualmente en alguna celda de Guantánamo.

Europa está obligada a impedir activamente violaciones de derechos en su jurisdicción

Y ante lo que parece una práctica norteamericana, Europa tiene en Colin Powell a su principal acusador. "Hay algo de Casablanca en todo esto", dijo en la BBC, comparando la reacción europea sobre el asunto con la actitud hipócrita del capitán Renault cuando ordena el desalojo del Rick's Café al grito de "estoy escandalizado: ¡aquí se juega!". Porque resulta que son ya demasiados los indicios de que algunos, muchos de los gobiernos europeos han ido bastante más allá del simple silencio ante estas prácticas vergonzosas hechas en nombre de Occidente, que tan directamente chocan con nuestros ordenamientos, con nuestra conciencia colectiva y sobre todo con nuestro discurso siempre tan cargado de valores. Se ha confirmado algo que quizá intuíamos: parte de la información con la que trabajan nuestros servicios de inteligencia, e incluso quizá nuestro servicio exterior, ha sido obtenida bajo tortura en los lugares de origen, tal como testificó en primera persona Craig Murray, ex embajador británico en Uzbekistán. Y todo apunta a que de un modo u otro, la mayoría de miembros de la UE ha colaborado con esas operaciones en el propio territorio europeo, de forma activa o con una pasividad culpable. No hay pruebas, hay indicios, muchos más indicios que los que existen al inicio de muchas instrucciones penales. Preguntas cuya gravedad exige respuesta. ¿Pueden 20 agentes norteamericanos secuestrar a un ciudadano en el centro de Milán y sacarlo del país en avión, en dirección a Egipto, sin intervención ni conocimiento de ninguna autoridad italiana? ¿Pueden varios aviones directamente implicados en los secuestros y transporte de detenidos, propiedad de sociedades privadas fantasma, utilizar durante años aeropuertos españoles, alguno a cinco kilómetros de la residencia veraniega de la Casa Real, con tripulaciones que llevan y usan repetidamente pasaportes falsos, sin que ninguna autoridad se formule algún interrogante? La lista de lo que resulta inverosímil es muy larga. Y ha puesto la carga de la prueba del lado de las autoridades.

Merecemos una explicación global, porque global es la práctica de la que hablamos: las respuestas parciales suenan huecas y no son atenuante de nada. Aterrizar, repostar, descansar en un hotel no es delito, se nos dice. A lo mejor no. Quizá tampoco lo sería repostar en Montevideo o descansar en una playa antes o después de salir a volar para lanzar al mar a unos cuantos revolucionarios de Chile o Argentina. ¿Es suficiente decir que "aquí no ha habido actos ilegales"? Sólo desde la visión de conjunto se entiende la magnitud de lo que ha ocurrido, y se puede juzgar la responsabilidad de cada una de las partes implicadas. No en vano el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha reiterado que todos los Estados europeos están obligados a impedir activamente que los derechos humanos sean violados "dentro de su jurisdicción", también por parte de individuos u órganos de terceros Estados.

Lo que está en juego no son las relaciones con Estados Unidos. Muchos norteamericanos, también en el Capitolio, se oponen a esta práctica. Está en juego la respetabilidad de nuestras instituciones, ante nuestros ciudadanos y ante el mundo, especialmente allí donde luego vamos a ir a dar lecciones de democracia. Aunque algunos crean que esto no va con ellos, está en juego nuestra propia libertad. Qué oportuno recordar aquellos célebres versos que escribió un pastor luterano a su salida del campo nazi de Dachau: "Cuando vinieron a por los comunistas, callé; yo no era comunista. Cuando vinieron a por los socialistas, callé; yo no era socialista. Cuando vinieron a por los sindicalistas, no protesté; no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no protesté; yo no era judío. Cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie ante quien protestar".

Ignasi Guardans es diputado por CiU en el Parlamento Europeo.